Representantes de comunidades originarias y empresarios locales se manifestaron ante Casa de Gobierno reclamando mayores controles. Autoridades provinciales se comprometieron a revisar la legislación vigente.
Proveedores de servicios mineros y miembros de comunidades originarias de la Puna salteña protestaron ayer frente a Casa de Gobierno denunciando la proliferación de «empresas fantasmas» que operan en la región. Los manifestantes alertaron que estas compañías, que simulan estar radicadas localmente pero funcionan desde otras provincias, perjudican gravemente a trabajadores y firmas genuinamente locales.
«Estas empresas dan domicilio en San Antonio de los Cobres o Tolar Grande para aparentar legalidad, pero en realidad no son de acá», explicó Cristian Cabero, vocero del sector, quien detalló que muchas están radicadas fuera de la provincia, incluso en Buenos Aires, y solo se asocian con personas de la zona para cumplir formalmente con los requisitos de contratación local exigidos por la Ley de Promoción Minera.
Según los denunciantes, la falta de controles efectivos permite estas maniobras que generan competencia desleal y pérdida de empleo para proveedores genuinos. «Nos estamos quedando sin trabajo. Hay empresas que están cerrando. La situación ya no da para más», advirtió Cabero durante la manifestación.
Las autoridades del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable recibieron a los manifestantes y se comprometieron a reforzar los mecanismos de control y revisar la legislación actual. Entre los principales reclamos figura la verificación más rigurosa del cumplimiento del 70% de contratación de proveedores salteños que establece la ley, porcentaje que según los denunciantes nunca se alcanza en la práctica.
En paralelo, los proveedores denunciaron irregularidades en la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros (CAPROSEMITP), que lleva años sin renovar su conducción. La Inspección General de Personas Jurídicas ya inició una revisión del caso y solicitó documentación a la actual comisión directiva, que sería la misma desde su fundación hace seis años. «La industria minera tiene que transformar la vida de quienes viven en la Puna, no de los que vienen a llevarse los contratos desde afuera», concluyó Cabero.
