Organizaciones de personas con discapacidad realizaron una movilización nacional para visibilizar la crisis del sector. La protesta busca detener políticas que afectan gravemente los derechos de este colectivo vulnerable.
El grito de «Justicia, basta de quitas» resonó con fuerza este miércoles en diferentes ciudades del país, donde organizaciones y familias de personas con discapacidad manifestaron su rechazo a las políticas gubernamentales que amenazan su calidad de vida. La convocatoria central se realizó frente a la Residencia Presidencial de Olivos, con un abrazo simbólico que representó el pedido de atención urgente a las demandas del sector.
La movilización evidenció la grave preocupación por los recortes presupuestarios previstos para 2025, particularmente en pensiones no contributivas. Eduardo Maidana, secretario de Aiepesa, denunció la reducción de más de 177.000 pensiones, lo que significa un golpe directo a los derechos fundamentales de salud, educación y dignidad de las personas con discapacidad.
Entre las demandas principales se encuentran la implementación de una Asignación Universal por Discapacidad, la eliminación del Decreto 843 y la garantía del cupo laboral en el Estado. Los manifestantes enfatizaron que estas exigencias no son solo reivindicaciones sectoriales, sino la defensa de derechos humanos básicos que requieren una respuesta inmediata del gobierno.
Los trabajadores de talleres protegidos, que perciben salarios de apenas $28.000 desde febrero de 2023, también alzaron su voz para denunciar las condiciones que ponen en riesgo los tratamientos y servicios para personas con discapacidad. La protesta dejó claro que la inclusión comienza con el reconocimiento de la dignidad y el respeto a todos los ciudadanos.
