Se trata de la comunidad Río Blanco Banda Norte integrada por Kollas y Guaranís. Aseguran que una orden judicial que afecta a un comunero forma parte de otro embate de la empresa Río Zenta SRL contra las tierras comunales.
Miembros de la comunidad mantienen desde el 25 de setiembre una protesta pacífica en las puertas de su territorio comunitario ubicado al este de la ruta nacional 50, entre los ríos Blanco y Bermejo (Orán). Comenzó cuando uno de sus miembros – Zacarías Arias – recibiera una autorización para el desalojo del inmueble que ocupa (orden de lanzamiento judicial).
El procedimiento lo emitió la jueza Catalina Gallo Puló y desde la comunidad recuerdan que poseen personería jurídica y la carpeta técnica del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que les reconoce derecho sobre las tierras. En ese marco, los comuneros denunciaron a la sección local del diario Pagina 12 que todo obedece al embate sobre sus tierras de la empresa Río Zenta SRL, propietaria del catastro 26.113.
Simón Villalobos, autoridad kolla, narró al mismo medio que el 25 de setiembre ingresaron por la fuerza gente de la empresa junto al juez de paz, efectivos de la policía, el abogado Sergio Peñalba y Caspar Otto Wagener: uno de los socios de la firma. «Le hicieron el lanzamiento a uno de los hermanos aduciendo que tiene un juicio desde el año 2006. Sin embargo, la comunidad desconocía el juicio y el hermano Zacarías tampoco tenía conocimiento», afirmó.
El abogado de la comunidad, Pablo Macarón, resaltó al medio citado que Río Zenta SRL ya realizó la misma modalidad de desalojo hace veinte años cuando obtuvo de la justicia salteña «una sentencia de desalojo contra terceros que no eran miembros de la comunidad, y cuando se hizo efectiva la orden, desalojaron a toda la comunidad, aun cuando no habían sido ellos los demandados o condenados», precisó.
Desde la comunidad denuncian que hoy la empresa echa mano a la misma maniobra del 2004: valerse de un juicio que condenó a Zacarías Arias y no a la comunidad. «La empresa tiene conocimiento de que el área está ocupada por la comunidad, porque conoce la finca, y porque además el INAI ya hizo el relevamiento en el que reconoció el territorio comunitario», sostuvo Macarón.
«Creo que no hay mala fe de la jueza», opinó el letrado sobre la decisión de Gallo Puló, «sino que la empresa usó esta maniobra para cometer un fraude procesal». Y agregó que la jueza «debería reestablecer la ocupación de la comunidad en forma inmediata, después de los planteos de nulidad y el proceso de interdicto para recobrar la posesión que presentamos».
“Mientras se resuelve el trámite judicial, comuneras y comuneros de Río Blanco Banda Norte visibilizan su situación. El 22 de octubre permanecieron todo el día en la plaza central de San Ramón de la Nueva Orán” destacó Salta 12.
