Lo expresó Carina Quintero, asesora de Incapaces y una de las voces institucionales. La funcionaria advirtió que el proyecto es inconstitucional y regresivo en materia de derechos.
«Por supuesto que no compartimos este proyecto enviado al Congreso de la Nación, por el cual se pretende bajar la edad de punibilidad de los menores de edad. E incluso esto ha sido reforzado por una declaración conjunta que hizo el Consejo Federal de Defensores y de Asesores Generales de nuestro país, donde ha participado la asesora general de incapaces de Salta, Mirta Lapad, que es la que ejerce la jefatura de los asesores de menores en el Ministerio Público de la provincia», manifestó Quinteros en diálogo con la sección local del diario Página 12.
Ese medio recordó que hay un dictamen de comisión en la Cámara de la Diputados de la Nación que habilita el tratamiento de la reforma del régimen penal y pretende bajar la edad de punibilidad a los 14 años de edad. Una iniciativa que cuenta con el aval del Ejecutivo Nacional que originalmente pretendía fijar la edad de punibilidad en 13 años.
En ese marco, el Consejo Federal de Defensores y de Asesores Generales se pronunció pidiendo al Congreso «que no trate este proyecto de ley. “El objetivo fundamental es procurar que no se baje la edad de punibilidad porque esto se trata de una medida que nosotros denominamos regresiva en lo que hace a la protección de derechos», expresó Quinteros. La funcionaria señaló además que la Argentina tiene fijada la edad mínima de punibilidad eestablecida mediante una ley de la última dictadura: “o sea, en una época de restricción de derechos y aun así se ha considerado que la edad mínima era de 16 años».
Luego el país ratificó la Convención de los Derechos del Niño, en 1990, mediante la Ley N° 23.849 y en la reforma de la Constitución Nacional de 1994 le otorgó jerarquía constitucional junto a otros tratados internacionales de derechos humanos. «Y esta Convención, así como los tratados internacionales o el derecho internacional, establecen que cuando un país adoptó una medida protectoria de derechos, luego no podría retroceder en esa protección. Si Argentina bajara la edad de punibilidad, estaría tomando una medida que es inconstitucional, que se aparta del tratado de la Convención sobre los Derechos del Niño y por eso se la considera una medida regresiva», agregó.