El presidente estaría usando información de los “cuadernos” para forzar a acordar ajustes. La extorsión habría dado resultados el viernes cuando sorpresivamente se desinfló un encuentro de gobernadores peronistas enojados con la eliminación del Fondo Sojero.
Así lo asegura el portal especializado La Política Online que asegura que el presidente no sólo maneja los contenidos de los famosos cuadernos, sino también las confesiones de los arrepentidos que desfilan por el despacho del juez Claudio Bonadio.
“En el pico de la tensión por el decreto que eliminó el Fondo Sojero, Macri le hizo saber a los gobernadores a través de uno de sus ministros, que si tiene que utilizar la información de la causa para presionarlos, lo hará”, enfatizó el medio citado que de ese modo explicó la fracasada cumbre que debía protagonizar el viernes pasado los gobernadores peronistas tras el anuncio de la Casa Rosada de eliminar el Fondo Sojero.
“No fue casual que la cumbre convocada para este viernes pasado en el CFI a la que iban a ir todos los gobernadores peronistas, más la CGT, Sergio Massa y Miguel Pichetto, haya terminado deslucida, con algunos pocos mandatarios y un puñado de vices. Se suponía que iba a ser la gran demostración de fuerza del peronismo y de quince mandatarios provinciales, apenas aparecieron cuatro”, publicó LPO.
En ese marco, la pista de la corrupción que abrieron los cuadernos podría avanzar sobre las provincias por la vía de la confesión de José López, que durante el kirchnerismo fue el encargado de repartir la obra pública en el interior. Pero no es el único sendero en tanto según el mismo medio, el polémico juez Bonadío también posee las declaraciones del financista Ernesto Clarens y de Juan Chediak, sucesor de Carlos Wagner en la Cámara de la Construcción y cercano a Macri.
“Los gobernadores por ahora están regulando esta tensión. Desarmaron parcialmente la cumbre del viernes, pero luego de la reunión Verna, Bertone, Manzur e Insfran, compartieron un almuerzo con Massa y Pichetto en el Senado. Y mientras tanto siguen trabajando para plantear recursos contra el decreto en la justicia. En los máximos niveles del Poder Judicial están avisados y saben que por ahora será la política la que regule esa pelea”, concluyó LPO.
