Este martes se dio a conocer el decreto 168 que establece las restricciones y alcances del cultivo, producción y comercialización de la planta.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza se publicó hoy el decreto 168. Mediante él, el gobierno mendocino se convierte en el primero a nivel nacional en reglamentar oficialmente el cultivo de cannabis para uso medicinal.
En diciembre de 2020 la Legislatura mendocina adhirió a la Ley 27.350 para la investigación médica y científica, el uso y el cultivo de la planta y sus derivados. Ahora, con la firma del gobernador Rodolfo Suarez, sumarán la actividad a su matriz productiva «respetando los protocolos sanitarios y en un marco de seguridad jurídica», señala el decreto en cuestión.
Señalan que la reglamentación de esta ley tiene un doble beneficio: Diversifica la actividad productiva de Mendoza, con una industria ligada a la agricultura que mueve inversiones y genera empleo en países vecinos como Chile o Uruguay. También brinda acceso legal, seguro y controlado a los mendocinos que necesitan los derivados del cannabis.
Quiénes intervienen
El Ministerio de Economía y Energía contará con la Unidad de Control de Cannabis con fines medicinales, terapéuticos y/o científicos. La misma tendrá facultades resolutivas y capacidad de dictar protocolos, instructivos y normas de actuación obligatorias, de acuerdo a la normativa.
Esta Unidad de Control, además, operará de manera coordinada con otros órganos del Estado Provincial. Administrará el seguimiento de proyectos y definiendo el alcance de los programas de promoción de cultivo, producción, estudios e investigaciones sobre calidad y uso de esta planta y sus derivados.
El Ministerio de Economía también estará a cargo de determinar los protocolos y manuales de procedimiento. Con ello buscan mantener la trazabilidad y el control de los puntos críticos en la cadena de valor: desde la importación de semillas hasta el destino final de la producción, con el objetivo de asegurar la calidad de los procesos y la salud de las personas.
Las provincias de Santa Fe, Río Negro y Entre Ríos tiene en curso proyectos en la materia que aun no fueron sancionados definitivamente.
Fuentes: Télam, El Sol
