Deben trabajar en un proyecto de ley que resuelva el conflicto limítrofe con la vecina provincia, pero también encauzar la administración de un área donde abunda el litio y hay empresas mineras que explotan el recurso.
El conflicto se remonta a 1943 y fue resumido por la sección local del diario Página 12. Cuando se disolvió la Gobernación de Los Andes en el NOA, el territorio se dividió en tres partes: el norte quedó para Jujuy, el centro para Salta y el sur para Catamarca. No obstante, en el momento de la constitución del territorio nacional en 1900 Salta había hecho sus reservas por una superficie que era de la provincia y se afectó a Los Andes, pero que 43 años después con los nuevos trazados quedaron en posesión de Catamarca. En esa área de litigio esta el Salar del Hombre Muerto: Catamarca considera propios sus 586 kilómetros cuadrados, mientras Salta sostiene el reclamo de 134 kilómetros cuadrados de ese espacio rico en litio y con varios emprendimientos mineros en marcha.
La situación se judicializó en tres oportunidades y la última – año 2007 – ya involucró al litio. Catamarca recurrió a la Corte Suprema de Justicia luego de que su policía minera intentase inspeccionar una empresa cuya concesión de explotación había sido otorgada por Salta. La vecina provincia denuncia avances y hostilidades en territorio catamarqueño y pide que Salta adecue su registro minero a los “límites oficiales”. La Corte se declaró incompetente en el año 2015 y derivo la cuestión al Congreso de la Nación. Tiene sentido, según la Constitución Nacional (inciso 15 del artículo 75) es facultad del Congreso de la Nación arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación y fijar los de las provincias.
En ese marco, a fines del año pasado hubo un encuentro entre el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, y el catamarqueño, Raúl Jalil. Allí se firmó un convenio en el que se estableció la creación de una Comisión Interprovincial que debe integrarse por cinco miembros por provincia.
La de Salta es presidida por el senador nacional Juan Carlos Romero, al que acompañan el diputado nacional Lucas Godoy, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada, la consultora jurídica del gobernador Pamela Calletti y el secretario de Minería y Energía, Ricardo Alonso.
Ayer se produjo el primer encuentro de la comisión salteña que tendrá como objetivo principal avanzar en un proyecto de ley que defina los límites entre Salta y Catamarca en esa región de la Puna, pero también debe resolver en el corto plazo cómo desarrollar el área en donde trabajan empresas mineras y hay otras interesadas en hacerlo. “Para ello se les debe garantizar seguridad jurídica y económica, la cual ahora es difusa justamente por los reclamos de ambas provincias”, resalta la sección local de Página 12 que ejemplifica con un caso: en octubre del año pasado Salta comenzó a cobrarle regalía a Minera del Altiplano que aprovechaba la falta de definición limítrofe para no tributar en la provincia.
La empresa basaba sus argumentos en que el territorio estaba en disputa y que al tener la planta procesadora en Catamarca le correspondía pagar en esa provincia, pero Salta se apoyó en una declaración que la propia empresa hizo cuando descubrió dos yacimientos y los localizó como si fuese parte del salteño departamento salteño Los Andes.
Durante el encuentro, Romero planteó la ventaja de acceso a la zona que se tiene desde Salta, con mejores rutas, ferrocarril y salida directa al Océano Pacífico por Chile, lo que convierte a la provincia en una mejor opción para captar los futuros emprendimientos.
Por otro lado, Godoy propuso como una de las tareas de la comisión la de trabajar con el Ministerio de Educación y las universidades nacionales para crear carreras técnicas, terciarias y universitarias relacionadas con el desarrollo de la zona, tal como ingeniería de Minas especializada en la extracción de litio.
