El Complejo Penitenciario Federal III de Salta registra un aumento de 3.8% en su población carcelaria desde diciembre. La situación agrava la crisis de sobrepoblación que afecta al sistema penitenciario federal argentino.
La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) reveló en su último informe semestral que las cárceles federales argentinas albergan a 11,612 personas, superando en un 2.7% la cifra de diciembre de 2023. Este incremento ha llevado al sistema penitenciario al borde de su capacidad, con establecimientos que exceden significativamente su cupo de alojamiento.
En este contexto, el Complejo Penitenciario Federal III de Salta (Cárcel de Güemes) emerge como un claro ejemplo de la creciente presión sobre el sistema, registrando un aumento de 20 personas detenidas en los últimos seis meses, pasando de 522 a 542 reclusos.
La situación en Salta se destaca también en el informe por alojar a 123 mujeres y personas travesti-trans, representando el 14.1% del total de este grupo demográfico en el sistema federal. El documento subraya la presencia de 32 personas trans en todo el sistema penitenciario federal, evidenciando los desafíos específicos que enfrenta esta población en el entorno carcelario. Además, el CPF III de Salta alberga a una mujer encarcelada junto con su hijo, parte de un total de seis mujeres en esta condición en el sistema federal.
El aumento de la población carcelaria en Salta refleja una tendencia general en el sistema penitenciario federal. Esta sobrepoblación generalizada ha llevado al sistema a un estado crítico, con 680 personas por encima de su capacidad oficial, lo que representa una sobrepoblación del 6.2%. En el top, El Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, por ejemplo, ha experimentado un incremento del 6% en su población. también están el Complejo Penitenciario Federal (CPF) de jóvenes adultos de Marcos Paz, con 11 % más; y le siguen el CPF I de Ezeiza, con 6 %; el CPF VI de Mendoza, con 4% y Salta con similar porcentaje.
El informe también revela tendencias preocupantes en cuanto a la situación procesal de los detenidos. Más de la mitad de la población carcelaria (56.4%) se encuentra cumpliendo condenas, mientras que el 43.6% permanece en prisión preventiva. Este último grupo ha experimentado un aumento del 1.6% en el último semestre, planteando interrogantes sobre la eficiencia del sistema judicial y el uso de la prisión preventiva.
