Hay 154 asentamientos en la actualidad.
Un informe de Techo reveló que Salta posee 154 asentamientos. Es la décima provincia del país con mayor cantidad de barrios informales.
El estudio revela que el 90,3% de las familias que viven en barrios populares no cuentan con acceso formal a la red de agua y el 88,3 no accede a la red formal de energía eléctrica.
«Estos cuatro años de Gobierno se enmarcaron en una crisis social y económica a nivel país, crisis que afectó de manera considerable a los asentamientos. Según los datos que arrojan las últimas publicaciones del INDEC, la Provincia de Salta, cuenta con un índice de Pobreza de 41,8 que supera por 6 puntos la media nacional, y con un índice de indigencia de 7,7 igualando la media nacional. Sumado a eso, el país presenta la tasa de desempleo más alta de los últimos 14 años, con un índice de 10,6, la Provincia de Salta presenta un índice de desocupación de 12,7, más de 2 puntos por encima de la media nacional», explica el informe.
La irregularidad de los servicios es determinante para la falta de desarrollo de la calidad de vida.
Las distintas formas en las que las familias logran acceder a la energía es a través de conexiones irregulares o de medidor comunitario. «Esta problemática produce incendios con consecuencias trágicas, muchas familias pierden todos sus bienes, como es el caso de Pamela, que vivía en el barrio La Cerámica, y en el año 2016 durante una fuerte tormenta mientras intentaba conectar de nuevo el precario servicio en su casa sufrió una electrocución lo cual les costó la vida. También en el caso de Luciana y su familia, del barrio Juan Manuel de Rosas, que en el mes de octubre a causa de un corto circuito se generó un incendio, lo cual la hizo perder todas sus posesiones», indica el trabajo.
«Este tipo de problemáticas necesitan un abordaje profundo y urgente, principalmente la articulación con las comunidades de los barrios populares y los entes proveedores de servicios públicos para llevar adelante la efectiva formalización de los servicios básicos en los asentamientos, acompañado de planes de pago en cuotas soportables para las familias de los barrios populares tiene que estar en agenda gubernamental», agrega el texto.
Techo responsabilizó al Estado por la falta de acceso a viviendas dignas. «Los requisitos que exige la inscripción al IPV no contempla la realidad de los barrios populares, ya que la misma exige poseer ingresos comprobables, lo cual puede ser casi imposible al saber que más del 70% de los habitantes de los barrios populares trabajan en el sector informal. Además requieren de poder acreditar ‘residencia permanente’ en el inmueble en el que solicitan el beneficio, con la documentación de respaldo correspondiente, cuando en los barrios populares justamente la falta de acceso a seguridad de la tenencia es un problema que atraviesa al 100% de los mismos», explica el texto.
Además, señaló que a nivel municipal, la Cooperadora Asistencial «podría ofrecer soluciones más duraderas por un presupuesto igual o menor al que destina para los materiales como colchones, madera laminada y chapas de cartón, invirtiendo en paneles de pino y chapas de zinc, entre otros».
