Las tareas de campo se realizaron entre el 13 y el 17 de octubre. Los integrantes del equipo adelantaron que elaborarán un informe para fortalecer la prevención de la tortura y mejorar las condiciones de detención en Salta.
La actividad se desarrolló en coordinación con el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta y tuvo por objetivo dar seguimiento a las recomendaciones formuladas en 2022 sobre las condiciones de detención en el sistema penal salteño. Se inspeccionaron las Unidades Penales N° 1, 2, 4 y 9; las Alcaidías N° 1, 2 y 3; las Comisarías N° 3 y 4 de Tartagal; los institutos de alojamiento para adolescentes en conflicto con la ley penal en Capital, Metán y Tartagal.
También el Hospital Miguel Ragone y su anexo penitenciario para personas inimputables; e incluso residencias para personas mayores en las tres localidades mencionadas y hogares del sistema proteccional para niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales.
Tras mantener reuniones con autoridades judiciales, ministeriales y representantes de organizaciones de la sociedad civil, “la delegación cerró su visita con una reunión en la Universidad Nacional de Salta, donde dialogó con organizaciones de derechos humanos, familiares de personas detenidas y unidades académicas que trabajan en la provincia” destacó la sección local del diario Página 12.
El Comité adelantó que emitirá una comunicación urgente sobre las situaciones más graves detectadas, con el fin de articular respuestas inmediatas entre los organismos competentes. Aunque todavía no han brindado esas precisiones, publicaron fotografías bastante elocuentes de las condiciones de hacinamiento y estructuras edilicias precarias en que se encuentran las personas privadas de la libertad.