El programa, clave en la formación de profesionales y provisión de medicamentos para el tratamiento del dolor severo, fue reducido drásticamente por el gobierno libertario. Organizaciones y especialistas advierten sobre el impacto en la atención de pacientes en todo el país.
El Programa Nacional de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional del Cáncer (INC) ha sido desmantelado, según denunció Mariana Pechenik, médica y referente del programa, a través de su cuenta de Facebook. La medida incluyó la suspensión de compras de opioides como morfina y metadona, esenciales para el tratamiento del dolor severo en pacientes con cáncer, y el despido de seis de los ocho integrantes del equipo. Pechenik alertó que esto generará un aumento en los padecimientos asociados al cáncer y dejará a miles de pacientes sin atención especializada.
El programa, que formaba recursos humanos interdisciplinarios y proveía medicamentos a las 24 jurisdicciones del país, era fundamental para garantizar el acceso a cuidados paliativos en las provincias más pobres. Pechenik destacó que el INC, junto a otras instituciones, estaba trabajando para superar las carencias del sistema de salud argentino en esta materia. “Esta política nacional es un descuido profundo a nuestros derechos humanos”, afirmó la especialista, quien autorizó la difusión de su mensaje.
Organizaciones como la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos (AAMyCP) expresaron su preocupación por la falta de información oficial y la posible discontinuidad del programa. Silvina Dulitzky, presidenta de la AAMyCP, señaló que solo el 14% de la población que necesita cuidados paliativos los recibe en Argentina. “Si no tenés un vademécum básico y provisión de opioides, tenés población con indicación analgésica pero sin accesibilidad”, señaló a Tiempo Argentino.
El desmantelamiento del programa se enmarca en un recorte más amplio en el Ministerio de Salud, que incluyó 56 despidos en el INC y la renuncia de su directora, Verónica Pesce. Además, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que el INC sufrió una subejecución presupuestaria del 55% en 2024. Estas medidas han generado rechazo entre trabajadores de la salud, quienes convocaron a una marcha en defensa de la salud pública para el próximo 27 de febrero.
La situación también afecta a otros programas sanitarios. Recientemente, más de 400 firmas, incluyendo autoridades sanitarias y pacientes, denunciaron demoras en la provisión de medicación inmunosupresora para trasplantados, lo que pone en riesgo la vida de más de 5400 personas. Aunque el Ministerio de Salud negó faltantes, la preocupación persiste ante la falta de respuestas oficiales sobre el futuro de los programas afectados.
