La norma creada por Alberto Fernández se extendió un año ante el reclamo de sindicatos rurales y de la senadora nacional por Salta, Nora Giménez. La medida beneficia a 120 mil trabajadores rurales registrados.
El Gobierno nacional decidió extender por un año la vigencia del Decreto N° 514/2021. El mismo permite a los trabajadores rurales mantener sus beneficios sociales aun cuando sean incorporados al empleo registrado. La decisión fue oficializada hoy mediante el Decreto 777/2025 publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete y la ministra de Capital Humano.
Quien llevo adelante el reclamo en el senador nacional fue la salteña Nora Giménez que, en la sesión del senado del 2 de octubre, alertó sobre el vencimiento de este decreto y pidió preferencia para tratar el proyecto de su autoría. En el mismo sentido se expresaron el secretario general de la UATRE José Voytenco y el titular del área de Economías Regionales, Eduardo Rodríguez, quienes reclamaron que el Gobierno extienda la compatibilidad. Como resultado de ello, el pasado 23 de octubre el secretario de Trabajo Julio Cordero anunció que el Gobierno de Milei prorrogará el decreto 514/21
“Prorrógase la vigencia del Decreto N° 514 del 13 de agosto de 2021, sus normas complementarias y aclaratorias, por el término de un año, contado a partir del 1° de septiembre de 2025”, establece el artículo primero del nuevo decreto. El mismo fue promulgado en agosto de 2021 durante la presidencia de Alberto Fernández con la finalidad de promover el trabajo registrado y ampliar los beneficios de la seguridad social de los trabajadores rurales que prestan servicios en actividades temporales y estacionales.
La norma surgió para eliminar un obstáculo histórico: el temor de muchos trabajadores rurales a perder sus planes sociales al aceptar un empleo formal. El decreto original había sido prorrogado en 2023 por medio del Decreto N° 423/23, que extendió su vigencia por dos años, contados a partir del 1° de septiembre de ese año. Sin embargo, ante el vencimiento del plazo actual y los pedidos de entidades sindicales y empresarias, el Gobierno resolvió otorgar una nueva prórroga de doce meses.