El presidente del Concejo Deliberante de Aguas Blancas expresó su preocupación por la medida que es parte del Plan Güemes. Los comerciantes fronterizos temen que la infraestructura afecte la fluidez del intercambio comercial con la ciudad boliviana Bermejo.
El alambrado de 200 metros, que se extendería desde el puesto de migraciones hasta la terminal de Aguas Blancas, ha generado incertidumbre en la comunidad, particularmente en aquellos que dependen del comercio fronterizo para su sustento. Aunque el Plan Güemes tiene como objetivo principal combatir el narcotráfico y regular las fronteras, las autoridades locales advierten que las restricciones podrían afectar negativamente la economía regional.
Fabián Gutiérrez Tapia, presidente del Concejo Deliberante, comentó que los obstáculos burocráticos en los pasos habilitados han llevado a la población a recurrir a rutas no oficiales. Según él, si el sistema de comercio fuera más eficiente y accesible, los vecinos no tendrían que buscar alternativas informales. «El comercio en la frontera está bastante naturalizado, y cualquier medida que lo afecte genera reacciones negativas», afirmó en entrevista con El Tribuno.
El presidente del Concejo también destacó la necesidad de que las autoridades consideren las particularidades socioeconómicas de la región. Gutiérrez Tapia instó tanto al gobierno nacional como a Bolivia a trabajar en soluciones consensuadas que permitan regularizar el paso comercial sin perjudicar la fuente de ingresos de los habitantes de la zona.
En respuesta a esta situación, el Concejo Deliberante de Aguas Blancas aprobó una resolución solicitando que la ciudad sea reconocida como «Ciudad del Comercio Fronterizo», lo que incluiría el desarrollo de un sistema de infraestructura adecuado para el comercio regional. Además, se señaló la necesidad de implementar la Tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo y mejorar el servicio de transporte de pasajeros para facilitar el cruce entre ambos países.
