La medida busca revertir la decisión del Tribunal de Impugnación que rebajó las condenas de seis a tres años y medio de prisión. El Ministerio Público Fiscal sostiene que hubo errónea aplicación de la ley al unificar 26 estafas a familias en un solo delito continuado.
El Fiscal de Impugnación interino en feria, Daniel Espilocín, presentó el 21 de enero de 2026 un Recurso de Queja ante la Corte de Justicia de Salta para anular la sentencia de la Sala IV del Tribunal de Impugnación que denegó el planteo de inconstitucionalidad contra la reducción de penas a exdirigentes de la Agremiación Docente Provincial de Salta.
El Tribunal de Juicio Sala VI había condenado el 25 de noviembre de 2024 a Patricia del Valle Argañaraz y Ana María Cerezo a seis años de prisión efectiva por administración fraudulenta y 26 estafas reiteradas en concurso real. Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi recibieron tres años de prisión condicional por los mismos delitos.
La Sala IV del Tribunal de Impugnación rechazó los recursos de las defensas que pedían absolución, pero modificó la calificación legal al considerar que los 26 hechos de estafa constituían un único delito de estafa continuada. Esta reinterpretación redujo las penas a tres años y seis meses de prisión efectiva para Argañaraz y Cerezo, y a un año y seis meses de prisión condicional para los otros dos condenados.
El Ministerio Público Fiscal argumenta que el Tribunal de Impugnación aplicó la ley de manera errónea y arbitraria al no considerar que 26 familias resultaron afectadas por las conductas delictivas, ejecutadas mediante diferentes maniobras de captación de recursos.
Según publicó el medio Fiscales Penales, la Fiscalía solicitó que la Corte declare mal denegado el Recurso de Inconstitucionalidad presentado por la fiscal penal Mónica Poma y revoque la sentencia que redujo las penas.
El pedido busca restablecer las condenas originales impuestas por el Tribunal de Juicio a pedido de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio de la Fiscalía de Delitos Económicos.
