Un ex interno de la Unidad Carcelaria 1 declaró haber pagado 50.000 pesos para acceder a un sector más seguro del penal y denunció ofertas de beneficios penitenciarios a cambio de 3.000 dólares. El tribunal ordenó su aislamiento por temor a represalias y remitió copias del testimonio a la fiscalía para evaluar nuevas investigaciones.
La audiencia de debate contra veinte personas acusadas de integrar una red narcocriminal que operaba en la Unidad Carcelaria 1 continuó con la declaración de un testigo privado de libertad que solicitó garantías para preservar su integridad física. El hombre, ingeniero agrónomo y empresario, actualmente se encuentra alojado en el penal de Orán.
El testigo relató que pagó 50.000 pesos a un jefe de pabellón imputado para ser trasladado a un sector más seguro del establecimiento. Según su declaración, su hermano se reunió personalmente con el agente penitenciario en El Tipal para entregar el dinero exigido, además de vales para retirar madera de su empresa como donación.
Posteriormente, comenzaron a exigirle pagos adicionales por otros beneficios penitenciarios. El declarante denunció que personas no identificadas le ofrecieron semilibertad en dos semanas, domiciliaria en dos meses y libertad condicional en tiempo reglamentario a cambio de 3.000 dólares. Los oferentes aseguraron trabajar con el juez que manejaba el ámbito correccional, pero el interno rechazó la propuesta y fue amenazado.
El testimonio incluyó referencias a la falta de respuesta de dos psicólogos y un exdirector de la Unidad Carcelaria 1, quienes desoyeron su pedido de ayuda cuando les informó sobre los intentos de extorsión y las amenazas de muerte recibidas. También confirmó que un compañero de prisión pagaba a un jefe del penal para recibir pizzas y marihuana.
Durante la misma jornada compareció otro interno que aparece en filmaciones recibiendo cajas de pizzas de manos de un funcionario penitenciario. El declarante sostuvo que las pizzas habían sido llevadas por familiares al área de Atención al Ciudadano y que, aunque los internos no pueden recibir paquetes por esa vía, había sido autorizado por el encargado a cambio de dejar pizzas para los fajineros.
Según informó la prensa del Poder Judicial, el tribunal ordenó sacar copias de las actas y remitir las actuaciones a la fiscalía correspondiente para evaluar el posible inicio de una investigación por los nuevos delitos denunciados. Los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar integran la Sala VII del Tribunal de Juicio, mientras que la Unidad Fiscal está conformada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.
