El dictado de sentencia estaba previsto para ayer, pero se pasó para el jueves 16 de diciembre. Al ex intendente y a sus cómplices les imputan robo agravado por ser cometido en banda y despoblado.
Los acusados son el ex intendente de Aguaray, Enrique Prado; el empresario mendocino Diego Alos y quien fuera el brazo ejecutor y luego arrepentido en la causa, Adrián Vera. El fiscal Villalba argumentó que el delito de Prado sobre el patrimonio del Estado nacional contempla una pena de entre 5 y 15 años como máximo, considerando que para el ex jefe comunal una condena de 8 años es justificada, al tiempo que pidió cumplimiento efectivo de prisión e inhabilitación por el tiempo de la condena más las costas del proceso.
A Alos lo sindicó como coautor e ideólogo de la maniobra delictiva, “trasladándose de Mendoza con el solo objetivo de efectuar el delito, que generó un daño patrimonial al Estado de 5 millones de dólares a una obra estratégica”, resalto. Al destacar que el empresario no tenía dificultades para ganarse la vida, concluyó que sus móviles no eran otros que dinerarios. Sin embargo, a pesar de acusarlo por el mismo delito que a Prado, adujo que al ex jefe comunal le computan un año más por el solo hecho de haber sido funcionario al momento de cometer el delito, y por eso pidió 7 años de prisión para el empresario. “Es un cálculo misericordioso” sentenció.
Sobre Vera, en cambio, volvió sobre sus argumentos esgrimidos en otras audiencias, cuando indicó que el también mendocino llegó a Salta a instancias de su comprovinciano Alos y de Prado, quienes lo contrataron para que fuera «el brazo ejecutor de la maniobra criminal”. Además del robo de caños del Gasoducto del NEA, le atribuyó la falsificación de documentación, entre ellos los remitos para trasladar los caños. La Fiscalía indicó que ese delito prevé penas de entre un año y ocho meses a ocho años y medio y pidió que se le aplique una pena 7 años.
