El proyecto del salteño dispone sanciones para los jueces que se apoderen de las escuchas y permitan sus filtraciones, como así también para quienes la distribuyan. La iniciativa tiene dictamen, pero el macrismo lo dejó caer.
“La Corte Suprema no está dispuesta a quedar manchada por la filtración de escuchas judiciales y en la acordada firmada hace un mes solicitó el pronto tratamiento de un proyecto de ley que protege esos archivos”, remarca el sitio La Política Online. El proyecto en cuestión es del salteño Rodolfo Urtubey que tiene buena relación con la familia judicial.
La iniciativa tuvo dictamen y formó parte de un temario de sesión en abril de 2018 pero fue descartada por Luis Naidenoff, jefe del interbloque Cambiemos. El oficialismo nunca más pidió debatirla y la Corte le reclamó al Senado incluirla en la próxima sesión, sino quiere quedar como cómplice de la difusión de conversaciones ajenas a la prensa.
Como explicó LPO, la acordada también les pide a los jueces restringir las intercepciones telefónicas para sus investigaciones, motivo de una queja del titular de la AFI Gustavo Arribas ante la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia. La disputa no parece tener un pronto final, porque los supremos no están dispuestos a quedar expuestos como responsables de la difusión de conversaciones, pese a que desde 2016 tiene a cargo las pinchaduras de teléfonos a través de la Dirección de Escuchas (DaJuDeCo).
Aun así, son los jueces los que las solicitan y reciben el material. Por eso, el proyecto de Urtubey que la Corte reclama establece una cadena de custodia de esos archivos y prevé sanciones para los magistrados que no los cuiden.
Los artículos 14 y 15 del proyecto son categóricos. Uno prevé prisión de entre 6 meses y 2 años a quien no cumpla con guardar en secreto las escuchas; y el siguiente hasta 4 años a quien ofrezca o divulgue la documentación, además de la inhabilitación por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos.
