lunes 14 de octubre de 2024
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Escondan a los radicales | Milei dijo que también vetará la ley que garantiza financiamiento a las universidades

A días de vetar el incremento a los jubilados con la ayuda de diputados de la UCR que habían elaborado el proyecto, el presidente dijo que hará lo mismo con la ley sancionada ayer por el senado para aumentar el presupuesto de las universidades públicas.

El presidente Javier Milei confirmó hoy que aplicará un “veto total” a la ley de financiamiento universitario sancionada en las últimas horas por el Senado. Lo hizo con un mensaje publicado en sus redes sociales: “VETO TOTAL”, escribió en la red social X en respuesta a un tuit del subsecretario de Política Universitarias, Alejandro Álvarez.

El Senado aprobó en la madrugada del viernes el proyecto que actualiza y blinda el presupuesto de las universidades públicas con 57 votos afirmativos, 10 negativos y una abstención. Los votos positivos fueron aportados por la Unión Cívica Radical, el kirchnerismo, bloques federales y solo dos senadores del PRO. Los 10 restantes negativos fueron de los siete representantes de La Libertad Avanza y tres del PRO, que también sumó la abstención.

No obstante, el pasado miércoles, Milei consiguió dividir a la oposición y ganó la pulseada política por el veto a la ley de aumento de las jubilaciones. Curiosamente, lo hizo con el apoyo de diputados radicales que eran los autores y defensores del proyecto que luego ayudaron a vetar.

Con ese antecedente, ahora la Casa Rosada se envalentona y quiere hacer lo mismo con la Ley de Financiamiento Universitario. Habrá que admitir, no obstante, que para la mayoría de los analistas el gobierno estaría ahora lejos de alcanzar números favorables para que siga el mismo proceso que la reforma jubilatoria.

La ley generará un impacto fiscal de $735.598 millones, lo que implica el 0,14% del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso. De todos modos, el Gobierno ya advirtió que podría vetar esta ley como sucedió con el aumento de las jubilaciones.

El proyecto obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades, y fija que cada dos meses el Gobierno deberá ajustar los presupuestos de las Universidades acuerdo a la inflación.

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