La investigación, a cargo del juez federal Sebastián Casanello, abarcará el periodo comprendido entre enero de 2016 y diciembre de 2019. La denuncia incluye cargos como violación de secreto, abuso de autoridad y malversación de caudales. Se sospecha que hubo contrataciones directas y pagos indebidos sin control.
La denuncia de la AFIP se centra en el supuesto involucramiento de funcionarios de alto rango, incluyendo al ex titular del organismo, Alberto Abad, y otros exfuncionarios como María Jimena de la Torre, Eliseo Devoto y Alejandro Alteiri. También se menciona a un grupo de abogados que habrían sido beneficiados por estas contrataciones, entre ellos Ricardo Gil Lavedra, Alejandro Carrió, Maximiliano Reussi, Juan José Avila y Tomás Farini Duggan.
Según informó Télam, la denuncia marca que los funcionarios de la AFIP habrían facilitado o se habrían beneficiado de los hechos investigados, relacionados con la contratación de servicios legales externos.
La auditoría interna realizada reveló posibles contrataciones directas y la intervención de abogados en causas penales antes de cumplir con los procedimientos administrativos necesarios. Además, se mencionaron pagos indebidos sin control de la prestación de servicios y la presencia de abogados fuera del país por períodos prolongados.
La denuncia presentada por la Directora interina de la Dirección de Sumarios Administrativos de la AFIP, Gloria González, destaca la necesidad de investigar estos presuntos delitos que socavan la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.
La AFIP espera que la judicatura realice una investigación exhaustiva y restaure la confianza en las normas violadas. Se espera que la investigación revele situaciones que podrían tener implicaciones delictivas y que se tomen medidas preventivas.
