Presentan cargos por delitos contra la soberanía nacional tras intervención del Tesoro estadounidense en el mercado de cambios. El juzgado federal 12, subrogado por Julián Ercolini, tiene a cargo la causa.
El economista Claudio Lozano, el abogado Jonatán Baldiviezo, la ingeniera María Eva Koutsovitis y el abogado Marcos Zelaya, junto a organizaciones sociales, presentaron una denuncia en tribunales federales contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el excanciller Gerardo Werthein y el presidente del Banco Central Santiago Bausili por delitos contra la soberanía nacional.
La denuncia acusa a los funcionarios de haber delegado de manera ilegal la ejecución de la política cambiaria argentina a Estados Unidos. Los denunciantes señalaron que el presidente Milei «negoció con Donald Trump esa delegación de la política cambiaria y ordenó a Caputo que negociara la implementación con Scott Bessent mientras el Banco Central permite que continúe la intervención extranjera».
La presentación sostiene que la intervención se materializó a través de la actuación del Tesoro de Estados Unidos en el Mercado Único y Libre de Cambios, regido por el Banco Central. Esta injerencia se ejecutó mediante entidades financieras como los bancos Santander, Citi y J.P. Morgan, que realizaron compras de pesos argentinos con el fin de interferir en la cotización del dólar.
«Estos delitos se habrían materializado a través de la intervención fáctica de potencia extranjera en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) regido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) como organismo ejecutor de la política cambiaria establecidas por el presidente de la Nación, asistido por el ministro de Economía, y luego también operando directamente para establecer el valor del dólar financiero (CCL)», indica la denuncia.
Los denunciantes solicitan que se investigue la presunta comisión de múltiples delitos, entre ellos negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, infidelidad diplomática, abuso de autoridad, fraude en perjuicio de la administración pública y agiotaje financiero. La presentación argumenta que esta intervención fue acompañada de exigencias por parte de Estados Unidos en áreas como acuerdos comerciales y facilidades para inversiones en sectores estratégicos como energía, minería, uranio, litio y petróleo.
Según informó Ámbito, la causa fue sorteada y recayó en el juzgado federal 12, que se encuentra vacante y está siendo subrogado por el juez Julián Ercolini. La presentación judicial calificó a los funcionarios de «traidores a la patria» y concluyó que «esa delegación ilegal ha transferido el poder de fijar el valor del peso, el sistema de precios y la competitividad de la economía a una potencia extranjera, en flagrante detrimento del interés nacional y el futuro de los argentinos».
