La iniciativa de la senadora nacional Carolina Losada tiene dictamen de comisión. El texto propone penas de tres a seis años de prisión para quienes denuncien falsamente. En la provincia aseguran que se trata de “un retroceso”.
La abogada del Instituto Jurídico de Género, Josefina Arancibia, y la referenta de Madres Protectoras Salta, Yanela Barrios, coincidieron en señalar que el proyecto vulnera principios constitucionales, refuerza estereotipos judiciales y obstaculiza el acceso a la justicia.
“Los riesgos que identifico son el retroceso con relación a los avances que hemos tenido en materia legislativa. Hay que recordar siempre que nosotros vivimos en un Estado de derecho en donde la ley suprema en nuestro país es la Constitución Nacional. Y eso hasta la fecha no se ha modificado”, declaró Arancibia a la sección local del diario Página 12.
La abogada recordó también que el proyecto va en contra de preceptos instituidos por la reforma constitucional de 1994 y tratados internacionales con jerarquía constitucional, entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. «Nosotros tenemos en derechos humanos el principio de proporcionalidad y de no regresividad», señaló y advirtió que la propuesta legislativa es regresiva.
Desde otro ángulo, Yanela Barrios, referenta de Madres Protectoras Salta, expresó su “profundo repudio y preocupación” frente a lo que considera una avanzada legislativa que busca impunidad para abusadores.
“Estos proyectos vienen de la mano de organizaciones que se presentan como defensoras de la infancia, pero que en realidad llevan años trabajando para instalar discursos negacionistas del abuso sexual infantil (ASI), como el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), una teoría desacreditada creada por el psiquiatra estadounidense Richard Gardner, pedófilo confeso. Su intención era clara: proteger a agresores y silenciar a las víctimas”, manifestó Barrios.