Los interventores Ramiro Chávez, José Ignacio Campos Bertoldi, y Adriana Cantarero, estarán al frente del Instituto hasta diciembre.
La intervención del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS) inició en el mes de marzo de 2019. La misma derivó de varias denuncias por desmanejos y malversación de fondos.
Ayer el Boletín Oficial de la Provincia de Salta dejaba constancia del decreto Nº 1188 en el que se aduce: “La finalidad primordial es lograr el desarrollo pleno del aborigen y de sus comunidades, coadyuvando a una mayor eficiencia en su administración y conducción”. Al IPPIS ingresan en concepto de porcentaje por regalías entre 800 mil y un millón de pesos al mes.
Ramiro Chávez, uno de los interventores, comentó a Nuevo Diario: “La situación del IPPIS requiere más tiempo para seguir ordenando”. Además especificó que el organismo ahora tendrá en funcionamiento los sistemas administrativos y de expedientes a través del sistema GD Edwards, por donde se deben registrar la totalidad de las acciones administrativas que se toman.
“Tuvimos que reordenar y nos está llevando más tiempo y es por eso que pedimos más tiempo de prórroga”, adujeron. Son necesarias capacitaciones para el personal del IPPIS y la regularización de más de una decena de contratistas que certifiquen obras y el cumplimiento de requisitos de cualquier persona (física o jurídica), que quiera ser prestador del Estado.
