Cansados de ajustes no pautados y del impacto social de los mismos en las provincias, un grupo de mandatarios propone abandonar la política amigable con la Casa Rosada. Urtubey figura entre quienes siguen aportando gobernabilidad.
En algunas provincias ya se habla directamente de una ruptura entre los mandatarios del PJ y según dijeron al portal La Política Online fuentes al tanto de las negociaciones hay un grupo de al menos cuatro gobernadores que rechazaría las últimas propuestas de la Casa Rosada. Entre los gobernadores peronistas de éste grupo se encuentran Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Juan Manzur (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa) y Carlos Verna (La Pampa). A ellos se suman Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis) que ni siquiera son parte de las negociaciones.
La buena noticia para el Gobierno nacional es que otro grupo importante de gobernadores peronistas está dispuesto a cerrar el acuerdo con la Casa rosada y ellos son Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manuel Urtubey (Salta), Sergio Uñac (San Juan) y Domingo Peppo (Chaco). A ellos se suman Omar Gutiérrez (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), de partidos provinciales pero que forman parte de la negociación colectiva.
Desde el primer grupo explicaron a LPO que la idea es plantear una serie de medidas para reducir el déficit de la balanza comercial y mejorar la recaudación de las arcas nacionales, sin necesidad de afectar tanto las cuentas de las provincias. Entre ellas se mencionan la suspensión de la reducción de retenciones a las exportaciones de soja y maíz, la restitución de las retenciones a la minería y la suspensión de la rebaja del impuesto a las ganancias. Además, desde esas provincias insisten en plantear la suspensión del pacto fiscal, particularmente en lo que hace a la reducción de Ingresos Brutos a la que se comprometieron los gobernadores, lo que les permitiría mejorar sus recaudaciones.
Desde ese grupo indicaron que la propuesta de ajuste elaborada por Nación contempla una reducción de cerca de 89 mil millones en gastos sociales (reducción de prestaciones, eliminación de diferenciales por zona, congelamiento de la AUH, entre otras); de 18 mil millones en subsidios al transporte y energía (como el subsidio al gas en la Patagonia); de 52 mil millones vía reducción del déficit en las empresas públicas y congelamiento de la planta; y de unos 83 mil millones en obra pública.
Por otro lado, en las últimas horas trascendió una «contrapropuesta» del bloque de gobernadores que consistiría en aceptar que el ajuste de los 100 mil millones afecte a los subsidios al transporte (50 mil millones que afectarían principalmente a CABA y PBA); eliminación del fondo sojero (26 mil millones); suspensión de los giros de ATN (14 mil millones); y congelamiento del Fondo de Incentivo Docente (12 mil millones).
