La confesión se dio luego de que el Concejo Deliberante de Hipólito Yrigoyen aprobara un pedido de informe por presunta incompatibilidad en el cobro de beneficios sociales por parte de tres de sus ediles.
El Concejo Deliberante del municipio de Hipólito Yrigoyen aprobó, en una votación ajustada, un pedido de informe impulsado por el concejal David Villalba para esclarecer la situación de tres ediles que serían beneficiarias de planes sociales, en presunta incompatibilidad con sus funciones públicas. La moción fue aprobada tras un empate que debió ser resuelto por el presidente del cuerpo legislativo.
Según se detalló, las concejalas María Soledad Jotayán, Dina Ruth Romero y una edil de apellido Carrizo estarían cobrando programas de asistencia social. Jotayán asumió el año pasado tras la renuncia de un edil y confirmó en plena sesión que percibe el plan argumentando que su sueldo es inferior al salario mínimo. Carrizo culminará su mandato en diciembre, mientras que Romero permanecerá en funciones hasta 2027.
El pedido aprobado establece que las ediles deberán presentar una constancia negativa de ANSES, un descargo por escrito y un informe emitido por el Ministerio de Capital Humano. La medida busca determinar si existe una incompatibilidad legal en la percepción de esos beneficios, ya que la normativa vigente prohíbe que funcionarios públicos accedan a ciertos programas sociales.
Villalba afirmó que la dieta actual de un concejal es de 246 mil pesos netos, lo que podría ubicarlos por debajo del salario mínimo en algunos casos, pero remarcó que “la ley es clara respecto a las incompatibilidades en la función pública”. La situación generó un fuerte debate en el Concejo y podría derivar en sanciones si se comprueba una irregularidad.