La acusada engañó a 14 personas prometiéndoles casas del Instituto Provincial de la Vivienda a cambio de dinero. Utilizó documentación falsificada para hacer creer a las víctimas que podía gestionar viviendas recuperadas.
Entre 2012 y 2022, una mujer de 34 años llevó a cabo múltiples engaños a personas que buscaban acceder a una vivienda social. Mediante documentos falsos aparentemente emitidos por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), la estafadora convenció a sus víctimas de que podía tramitarles el acceso a viviendas supuestamente recuperadas por el organismo, exigiéndoles a cambio sumas de dinero que cobraba en domicilios particulares, nunca en la sede oficial de la institución.
El vocal de la Sala III del Tribunal de Juicio, juez Pablo Farah, determinó que la imputada es autora de los delitos de estafas reiteradas y falsificación de instrumento público, ambos en catorce oportunidades. Como consecuencia, la mujer fue condenada a cinco años y medio de prisión. En el mismo proceso, un hombre de 73 años que también había sido acusado resultó absuelto por aplicación del beneficio de la duda.
Tras el fallo condenatorio, el magistrado ordenó la prisión preventiva de la mujer y su inmediato traslado a la cárcel penitenciaria local.
