La provincia acumula casi un año sin saldar $2.300 millones. Las autoridades del sector temen que la situación se agrave en el interior, donde el sistema público no tiene capacidad para absorber más casos.
Los centros privados de diálisis de Salta enfrentan un desfinanciamiento crítico provocado por una deuda del Estado provincial acumulada desde hace nueve meses. La situación llevó a derivar al hospital público Oñativia a 56 de los aproximadamente 130 pacientes que reciben tratamiento bajo esa cobertura en toda la provincia.
Nora Marchetta, vicepresidenta de CEPRIDIASA y médica nefróloga, señaló que pese a los compromisos asumidos por las autoridades, el pago no se concretó. «Nos deben 2.300 millones de pesos desde junio de 2025, es una deuda que está por cumplir un año. Nos prometieron regularizarla, pero eso no ocurrió», afirmó. La última propuesta oficial, según precisó, contempla pagos parciales y diferidos que dejan meses sin cubrir y generan nuevos atrasos.
El impacto de las derivaciones ya se hace sentir en la capital, pero Marchetta advirtió que la situación es más grave en otras localidades. «Con el interior la situación es más grave, porque no hay cómo absorber a esos pacientes en el sistema público», expresó. A esto sumó que las derivaciones no son solo un problema logístico: «Se genera un vínculo, prácticamente una familia», describió al referirse al lazo entre los pacientes y los equipos de atención.
Según informó Marchetta a FM Aries, el sector ya realizó gestiones ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, envió notas formales y mantuvo reuniones con el ministro del área, sin obtener respuestas concretas. «Creemos que hicimos todo de nuestra parte, pero sinceramente no sabemos qué va a pasar con los pacientes del interior, porque es una lucha muy desigual», concluyó la profesional.
Pese al cuadro de situación, la referente del sector fue categórica respecto de la calidad de las prestaciones: «Nos estamos fundiendo, pero no vamos a bajar la calidad de la diálisis. Eso no lo vamos a hacer nunca», afirmó. Los centros atienden por igual a pacientes de obras sociales, IPS, PAMI e Incluir Salud, y advierten que la continuidad del sistema depende de una respuesta urgente del Estado.