viernes 23 de febrero de 2024
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Salta

Cazadora cazada | La jueza Olga Sapag fue denunciada por el campesino al que desalojó ilegalmente en Anta

El caso fue denunciado por CUARTO a través de una nota del periodista Franco Hessling. Éste denunció que además de violentar la Ley 7658, Sapag se dedicaba a negocios inmobiliarios incompatibles con la función de juez.

La trama de la historia publicada por CUARTO el 17 de octubre pasado es fácil de sintetizar: la jueza Olga Sapag ordenó que las familias Díaz y Álvarez fueran desalojadas de la finca El Líbano de Lumbreras (departamento de Anta) en beneficio de Sergio Alejandro López. Éste había presentado un boleto de compra venta de hace diez años, aunque nunca había ocupado el lugar; a diferencia de las familias desalojadas.

Con su resolución, la jueza violentó la ley provincial 7658, que en el inciso f) de su primer artículo impone: “Evitar desalojos de pequeños productores y familias rurales de las tierras de las que habitan a base de documentos firmados con ardid o engaños”. Ni bien sacó a la luz el caso, la Cámara de Diputados a través de su presidente Santiago Godoy, informó que el cuerpo no tenía dudas de que la Ley invocada ampara a los campesinos y que la sentencia de Sapag iba en contra de la norma.

Municipalidad de Salta

Pero al aspecto jurídico, el periodista Franco Hessling le había sumado una denuncia aún más indignante: mientras la jueza tramita desde hace años causas por posesión veinteñal y ordena desalojos, los registros de AFIP y DGR evidenciaban que la magistrada presta de servicios inmobiliarios de índole privada lo cual constituye un desaguisado ético e ilegal cuyos detalles pueden repasarse en la nota original: “Jueza y parte | Olga Sapag ordena desalojos al mismo tiempo que ofrece servicios inmobiliarios”.

Por este último punto, hoy a la mañana una de las víctimas del ilegal desalojo denunció en la Secretaria de la Superintendencia del Poder Judicial a la jueza Olga Sapag, titular del Juzgado Civil y Comercial de 1° Nominación de la Ciudad de Metán. El escrito lleva la firma de Gerardo Gustavo Díaz y a continuación transcribimos los extractos principales del mismo:

“… vine a denunciar a la Dra. Olga Sapag (…) ya que considera que la misma desarrolla una actividad comercial, concretamente la de ´Servicios inmobiliarios desarrollados por cuenta propia con bienes inmuebles urbanos y rurales propios o arrendados´ ello conforme surge de las constancias expedidas por AFIP y DGR Salta que en copias adjuntas en este acto en fs 10, expresando que de su lectura se desprende claramente las distintas comisiones percibidas por dichas actividades. Considera desde su punto de vista que ello es incompatible con su función de magistrada, ya que no puede ser juez y parte, ya que intervino en muchos juicios en donde disputaban derechos sobre inmuebles. Por otra parte, pero vinculado con circunstancias denunciadas, agrega que la jueza tramitó un juicio por ´acción reivindicación´ de una finca que ocupaba el dicente con su familia desde el año 1968 , que el mismo se inscribió en el Registro de pequeños Productores para ampararse en la Ley N° 7658 que prohíbe el desalojo de los campesinos y pese a ello esta jueza ordeno su desalojo el 26/9/18, lo que le generó muchos perjuicios económicos y morales, ya que esas tierras – finca El Líbano – vivió toda su vida su familia. ¨Pide que se requiera a los organismos competentes (AFIP y DGR) información de las declaraciones juradas presentadas por la Dra. Sapag, expresando también que este actuar (…) salió publicado en distintos medios locales e internacionales…”

¿¿¿Será Justicia???

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