Lo declaró a medios nacionales pero omitió decir que tras el fallo de la Corte Suprema que habilitó el aborto no punible, Salta elaboró el protocolo más obstructivo del país en esa materia.
Fue en Foro de Líderes Empresariales del NOA que se desarrolló ayer en la ciudad y fue cerrado por el gobernador quien se atajó de varios cuestionamientos en materia de políticas de género. Negó, por ejemplo, que en la provincia no se imparta educación sexual. El mandatario provincial negó la observación y escuetamente enfatizó: “se cumplen todos los programas. Hemos pedido que denuncien cuando no se cumplan y no se presentó ningún padre a decir que no le están impartiendo lo que dice el programa”, señaló.
Con respecto a la despenalización del aborto dijo estar en contra pero a favor del debate. Esa actitud tan parecida a la del presidente Macri fue resaltada por medios nacionales como Perfil que habiendo realizado la cobertura del encuentro que reunió a numerosos directivos y accionistas de grupos empresarios, logró arrancarle declaraciones de otro tipo al mandatario salteño.
En medio de una agenda pública en donde el debate sobre la posible despenalización del aborto es tendencia, tampoco podía faltar una pregunta de ese tipo. Allí el gobernador tuvo dos actitudes: una esperable y la otra sorprendente. La primera estuvo a tono con la conducta de varios políticos: “es necesario discutir sin prejuicios”.
La segunda, en cambio, puede no haber sorprendido a la prensa nacional pero enfurecería a los colectivos de mujeres salteños. Es que el mandatario intentando contener el avance de ese debate parece apelar ahora a un fallo que la provincia trato de obstruir al máximo: el aborto no punible: “Hay que avanzar por el camino del protocolo del aborto no-punible”, dijo Urtubey para luego agregar: “Hay mucho para trabajar allí. No es lo mismo no-punible que legalizado”.
Conviene recordar al respecto que el protocolo de atención de abortos no punibles aprobado en la provincia por el decreto 1170 es considerado uno de los más restrictivos del país, por ser el que más se aleja de los estándares establecidos por la Corte Suprema de Justicia en un fallo del año 2013 y que en el caso salteño exige lo que en otros puntos del país no: la realización de una denuncia policial o declaración jurada frente al Ministerio Público de la mujer que habiendo sido víctima de una violación haya quedado embarazada. Protocolo provincial que además dejaba sin regular el acceso al aborto no punible de acuerdo a la causal salud.
