Ocurre por quinta vez desde la sanción de la ley 7658 en el año 2011. Favorece a familias rurales y pequeños productores.
En la sesión de ayer de la Cámara de Diputados, se extendió por dos años el alcance de su artículo noveno que suspende la ejecución de sentencias que supongan desalojos o desocupación de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios. “Este artículo que fue pensado como transitorio para permitir la implementación de la Ley, se terminó convirtiendo en un constante parche legal, ya que aún no se cumplió con lo establecido en la normativa para darle una solución definitiva a los pequeños poseedores rurales”, destacó la sección local del diario Página 12.
El autor del proyecto, Ramón Villa, explicó que la ley fue aprobada para que tenga un efecto análogo al de la normativa que se aplica con las comunidades originarias. El objetivo era reconocer la propiedad de las tierras que ocupan las familias criollas desde hace varios años, pero que nunca iniciaron trámite alguno para validar esa situación en la Justicia. La ley, entre otros puntos, prevé un relevamiento que nunca se realizó y asesoramiento legal a los pequeños productores para evitar que los saquen del lugar.
Santiago Godoy sumó al relato al indicar que “con esta ampliación lo que hace la Cámara es demostrar que está atenta para evitar que se venza la suspensión, porque ya quedó demostrado que la Justicia siempre falla inmediatamente a favor del titular registral”. Durante el debate en el recinto fueron varios los diputados que pidieron por una solución definitiva a lo que plantea la ley para no tener que recurrir a estas medidas provisorias.
