Estaba conducido por Carlos Martínez, quien ya solicitó licencia. La intervención fue adelantada por el vicegobernador Antonio Marocco. En igual sentido se expresó el diputado Luis Mendaña.
Los señalamientos son graves y preocupantes. Primero lo realizó el Procurador General de la Provincia mediante notas remitida a la cámara de senadores y de diputados en donde señala que “corresponde a esta Procuración General de la Provincia de Salta, y siguiendo los lineamientos establecidos como política criminal persecutoria del crimen organizado, a fin de que el mismo no pretenda afianzar raíces en la zona norte de nuestro territorio, efectuar las alertas necesarias para que las instituciones puedan poner en funcionamiento las prevenciones legislativas y de toda índole que ameriten proceder, para garantizar y asegurar el normal desarrollo constitucional de las instituciones de la Provincia”.
La situación se complicó más cuando la Unidad Fiscal integrada por los fiscales Mariana Torres, Carlos Salinas y Alda Daniela Murúa, solicitaron ayer la detención del juez Claudio Parisi, del intendente Carlos Alfredo Martínez, y del abogado Roberto Ortega Serrano. Los acusan de entorpecer una investigación judicial, permitiendo que el magistrado diera acceso indebido al abogado a un expediente tramitado en su juzgado y comunicara al intendente, a través de mensajes de WhatsApp, que la Fiscalía pretendía allanar sus domicilios, lo que frustró los resultados.
Los allanamientos solicitados a los domicilios del intendente estaban relacionados con la investigación del asesinato a tiros de su hermano César Daniel Martínez, quien estaba cumpliendo arresto domiciliario. El jefe comunal está siendo investigado por ese homicidio cometido el 12 de noviembre de 2023, y se allanaron sus domicilios los días 12 de abril y 5 de junio de 2024. Martínez tiene entre sus antecedentes una condena de cinco años de prisión por transporte de estupefacientes, dictada el 10 de diciembre de 2013 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta. También está imputado por lavado de activos, con procesamiento dictado por el juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Daniel Molinari.
Por estas horas se conoció que el intendente Martínez solicitó licencia de su cargo y decretó asueto de 48 horas para el personal de la Municipalidad de Aguas Blancas. Esta acción ha sido vista por algunos como una estrategia para evitar una posible intervención que podría costarle su cargo político, mientras se desarrollan las investigaciones en su contra.
En ese marco, Marocco aseguró que a pesar de que el escrito del Procurador Castiella ingresó fuera del horario, se intervendrá el municipio de Aguas Blancas tras la solicitud de la Unidad Fiscal. “Actuaremos primero porque hay una noticia crimis, segundo porque hay una noticia pública y tercero, porque el escrito, aunque no fue recepecionado formalmente por el Senado ya estaba en conocimiento”, indicó Marocco a FM Aries. En igual sentido se expresó el diputado Luis Mendaña. «El bloque justicialista decidió darle estado parlamentario a la propuesta de intervención», declaró el representante de La Caldera.
