Se informó que la causa fue remitida al Fuero en lo Penal Económico. El exjefe de Gabinete había declarado ganancias por u$s 591.544,61 obtenidas con Bitcoin entre 2014 y 2018.
El fiscal federal Gerardo Pollicita determinó que, por el momento, no corresponde llamar a indagatoria al exjefe de Gabinete Manuel Adorni ni investigarlo por enriquecimiento ilícito. Para el representante del Ministerio Público, la causa debe pasar al Fuero en lo Penal Económico y tramitar como una infracción al Régimen Penal Tributario. La postura del fiscal deberá ser revisada por el juez federal Ariel Lijo.
“Con la prueba aunada no se ha podido descartar que el capital principal se haya formado entre 2014 y 2018, como fuera alegado, varios años antes del 14 de diciembre de 2023”, expuso Pollicita, en referencia a la fecha en que Adorni asumió como funcionario público. En el dictamen, el fiscal indicó además que no se halló un vínculo directo entre el incremento patrimonial y un hecho previo que pueda tomarse como su origen.
Adorni sostuvo que su patrimonio se explicaba por inversiones en Bitcoin realizadas con ahorros familiares. Esas operaciones, según su versión, se concretaron entre 2014 y 2018 y le dejaron u$s 591.544,61 que no declaró al asumir su cargo. Expuso esas ganancias ante la Oficina Anticorrupción recién en junio de 2026, cuando ya avanzaba la causa iniciada por la denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano.
En septiembre, la defensa respondió el requerimiento de justificación patrimonial de 20 preguntas enviado por el fiscal y declaró ocho direcciones usadas para operar con Bitcoin. Según el dictamen firmado este viernes, divulgado por Tiempo Argentino, esas direcciones “tuvieron efectivamente actividad entre 2014 y 2018”. Sin embargo, la investigación no pudo establecer “quién las controlaba, con quién se concertaron las ventas, a qué precio ni de qué modo se recibieron y conservaron los dólares billete”.
El Departamento de Cibercrimen de la Policía Federal elaboró un informe sobre el caso. “Concluyó (…) que ninguna de las medidas actualmente disponibles permitiría establecer de manera concluyente que las direcciones fueron controladas por una persona distinta del requerido por lo que nuevas diligencias orientadas a esa atribución difícilmente alterarían ese resultado”, afirmó Pollicita en su dictamen.
Sobre el nuevo encuadre, el fiscal señaló: “La misma explicación introducida por la defensa da contenido a la hipótesis tributaria, porque la fuente anterior a la función que el requerido invoca se compone, según su propio relato, de recursos que no fueron informados al organismo recaudador”. El abogado de Adorni, Matías Ledesma, había mencionado esa posibilidad al responder el requerimiento. El enriquecimiento ilícito prevé prisión de 2 a 6 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos; en cambio, con una investigación por evasión, podría extinguirse la acción penal mediante el pago de la deuda tributaria.