Pablo Outes, Bernador Biella y Yolanda Vega aprobaron la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con el que perpetuarán al presidente libertario de esa entidad bancaria, y la Inocencia Fiscal II que permite blanquear riquezas turbias.
Los tres legisladores que responden al gobernador Gustavo Sáenz volvieron al corral libertario del que se había fugado por una sesión. Junto a los libertarios en serio de la provincia – Carlos Zapata, Julio Ovalle, Gabriela Flores y Eliana Brno -, ayer fueron parte de los 144 diputados nacionales – entre libertarios, los del PRO, la UCR, el MID, partidos menores y representantes de gobernadores aliados – que dieron media sanción a las dos iniciativas que el presidente Javier Milei considera claves.
La oposición señaló que a pesar de la constante invocación libertaria a la independencia que debe tener esa entidad bancaria, el proyecto habilita a mantener a las autoridades libertarias en la conducción del banca aun cuando el gobierno de Milei perdiera las elecciones. También señalaron que la reformas impulsadas buscan encorsetar al banco con un modelo económica que fracasa y quitarle herramientas de intervención en caso de crisis financieras que toda la oposición prevé en el corto plazo. Hubo fuertes cruces por el modo que llevaron adelante la votación en particular en el proyecto de Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, donde la presidencia de la Cámara impuso una votación por títulos y no por artículos.
El oficialismo también logró darle media sanción a la nueva ley de Inocencia Fiscal. Otro intento de reactivar el ingreso de los llamados “dólares del colchón” al sistema financiero. En este caso, el proyecto oficial contó con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones.
El proyecto modifica aspectos de la ley 27.799 de Inocencia Fiscal, para permitir que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país adhieran al sistema de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancia. En la actualidad podían solo adherirse los que tengan un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones. La nueva iniciativa también extiende el plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027.