La mujer, hija de una víctima de la Masacre de Palomitas, pelea por recuperar derechos de heredera en el juicio sucesorio ante lo que considera conductas defraudatorias.
La salteña Soledad Outes, que reside en Madrid tras el asesinato de su padre, amplió su denuncia contra su madre, María Elena Jiménez, por fraude. Reclama por los fondos que nunca pudo cobrar como hija de una víctima del terrorismo de Estado, pero también bienes que debía heredar de su padre a los que nunca accedió porque lo tramitó su madre en condición de viuda aunque al momento del asesinato de Pablo Outes ambos estaban separados.
En la denuncia, presentada por el abogado de Soledad, Pedro Arancibia, se explica que Jiménez «contrajo matrimonio con César Rolando Fortuny en la localidad de Yacuiba, Dpto. Tarija, Bolivia en fecha 16 de julio de 1975, conforme certificado de matrimonio autenticado». «Que a pesar de tal situación la Sra. Jiménez, a sabiendas de su situación utilizó falsamente su condición de viuda de Outes para conseguir beneficios reparatorios del Estado Nacional, para las esposas y familiares de personas asesinadas durante la dictadura cívico militar», agrega. En la presentación se adjunta el mencionado certificado.
«Asimismo invoca derechos hereditarios en el proceso sucesorio por el fallecimiento de Pablo Ismael Outes, al que ya hicimos referencia que tramita en esta ciudad de Salta, es administradora judicial de esa sucesión e invocó permanentemente, aún encontrándose separada y casada nuevamente con Fortuny antes del fallecimiento de Outes, inclusive se continúa presentando como la viuda de Outes», sigue la denuncia.
«Ésto tiene al menos dos consecuencias penales: a) Es un delito contra la fe pública, al mentir, ocultar sobre su estado civil y capacidad jurídica, lo que le permitió acceder a beneficios previsionales; y de reparación del Estado Nacional y b) Este delito impacta como una especial forma de ardid y engaño, utilizado para presentarse como legítima heredera en el proceso sucesorio «, agrega. El abogado considera que «el delito es continuado, puesto que beneficiada por su falsa condición o estado civil, puede continuar actuando como legítima heredera o damnificada en todos los trámites y expedientes administrativos y judiciales».
De tragedia nacional a denuncia por fraude familiar
A los 17 años Soledad Outes sintió que un tsunami le pasaba por encima. En 1974 su padre, Pablo Outes, había sido detenido por razones políticas. Fue liberado un año después a condición de que dejara el país. Partió a Venezuela, pero volvió en octubre del 75 y fue encarcelado de nuevo. El 7 de Julio de 1976 fue retirado del penal de Villa Las Rosas junto a otros presos políticos para un supuesto traslado. Todos fueron asesinados en la tristemente célebre “Masacre de Palomitas”.
En diciembre de ese año Soledad llegó a España, país en el que todavía reside. Ella y sus dos hermanos comenzaron a vivir con su madre María Elena Jiménez y César Rolando Fortuny, por entonces marido de la mujer según el certificado mencionado. Pero pronto la madre decidió retornar al país y dejar a los chicos a cargo de Fortuny. El menor de los hermanos retornó al país meses después a pedido de la madre, pero Soledad y Rosario quedaron en España. “Éramos dos chicas con todas las condiciones para ser abusadas: menores de edad, pobres, inmigrantes, exiliadas, sudacas. La vida nos trató acorde con eso” declaró a este medio en julio del año 2019.
En marzo de 2026, Soledad dialogó con el programa Cuarto Oscuro que se emite por FM La Plaza (94.9) para referir que denunció penalmente a su madre. La acusa de fraude, estafa, abuso de confianza, retención indebida y administración fraudulenta. “Todo comenzó en el año 2019 cuando comencé el juicio sucesorio por los bienes de mi padre. Eso me llevó a descubrir a lo largo de los años que se me había robado y estafado. Que se había cometido fraude para que yo no recibiera la herencia de mi padre”, dijo a modo de introducción.
Soledad remarcó que el haber accedido a un certificado de defunción siete años después del asesinato de su padre complicó más la situación. “El hecho de que mi madre fuera escribana y que estuviera en Argentina porque habernos dejado en España con su segundo marido, hizo que dos años después me pidiera un poder para administrar mis bienes. Obviamente se lo di. Tenía 19 o 20 años y era mi madre. Cometí un error pero creo que cualquier persona en mi situación lo hubiera hecho. También me dijo que iniciaba el juicio sucesorio de mi papá en mi nombre y en el de mis hermanos. Que no me preocupara pero que estaban las cosas difíciles por la dictadura. Con los años descubrí que yo tenía que intervenir en el juicio ya que nunca había cobrado ni siquiera mi pensión de orfandad porque en aquella época eras menor de edad hasta los 21 años y yo quedo huérfana con 17”, precisó.
En ese punto, Soledad refirió el tema que a su entender sintetiza mejor el despojo del que fue víctima: la venta realizada por su madre de la Finca Lagunita en San José de Orquera. “Yo sabía que mi papá había comprado una finca. En esa escritura había dejado muy en claro que estaba ´separado judicialmente desde hacía dos años y sin voluntad de unirse´ de la señora María Elena Jiménez. A través de mi abogada logró saber que la finca de 400 hectáreas que mi padre había comprado un año antes que lo metieran preso, había sido vendida por esta señora. A mí nadie me dio mi parte y tampoco una explicación de ningún tipo. En el juicio sucesorio se me contesta que todos los herederos cobraron su parte y que ella no tenía nada que ver. Ahí fue cuando dije que esto no podía ser. Sobre todo porque esta persona – por ser escribana – sabe el significado de ser administrador de un sucesorio. Fue en ese momento en que decido iniciar un juicio penal”, relató.
Soledad Outes precisó también que su abogado es Pedro Arancibia y adelantó que la denuncia todavía no fue aceptada por el fiscal a cargo, aunque dijo confíar en la justicia. La presentación incluye también los pormenores que explican porque la hija no pudo acceder a la indemnización que el Estado otorga a las víctimas del terrorismo de Estado.