La Fiscalía lo intimó tras detectar una diferencia de 43 millones de pesos entre sus ingresos comprobados y sus gastos durante su desempeño como jefe de Gabinete libertario. El dictamen de 207 páginas contiene 20 puntos específicos que el exfuncionario debe responder.
La Fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita presentó este lunes ante el juez Ariel Lijo un dictamen de 207 fojas que requiere a Manuel Adorni justificar el origen y la evolución de su patrimonio y el de su grupo familiar dentro de quince días. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito fue iniciada a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, ampliada posteriormente por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro.
Entre el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública nacional, y el 27 de junio de 2026, cuando renunció al cargo, el exfuncionario percibió 35 haberes. En conjunto, los ingresos del matrimonio conformado por Adorni y Bettina Julieta Angeletti ascendieron a 229.752.283,20 pesos. Sin embargo, durante el mismo período el grupo familiar afrontó gastos por 272.820.832,20 pesos, entre seguros automotores, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y tarjetas de crédito.
La investigación también registró desembolsos en dólares estadounidenses por 402.578,12, destinados a viajes, alquileres, la compra y refacción integral del lote 380 del Country Indio Cuá, la adquisición del departamento de Miró 550 y el mobiliario de esos inmuebles. Tras analizar documentación patrimonial, bancaria, fiscal, registral y financiera, además de informes sobre activos virtuales y testimonios, la Fiscalía concluyó que existían inconsistencias que justificaban el requerimiento, según publica Ámbito.
El dictamen detalla que los gastos, confrontados con los ingresos lícitos comprobados, «no encuentran hasta el momento explicación suficiente». La Fiscalía también puso bajo análisis las declaraciones de dólares en efectivo realizadas por Adorni, las operaciones consignadas bajo el concepto «venta de activos», además del origen de las divisas utilizadas para distintos gastos, entre ellos viajes al exterior.
La intimación fiscal incluye veinte puntos específicos que Adorni deberá responder. Entre ellos figuran el origen de los dólares estadounidenses en efectivo declarados en sus declaraciones juradas, la acreditación de préstamos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo, la fuente de fondos para la adquisición de un Jeep, y la justificación de los 245.000 dólares abonados al contratista Matías Tabar por la refacción integral de la vivienda del Country Indio Cuá.
El expediente también cuestiona operaciones inmobiliarias, movimientos bancarios y financieros, operatoria con criptoactivos, pagos realizados por terceros del entorno de Adorni, y 20 comprobantes por más de 6 millones de pesos informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero durante 2024 y 2025 cuyos pagos no pudieron ser conciliados con tarjetas, cuentas bancarias o plataformas. La Fiscalía exige que Adorni aclare si esas operaciones efectivamente se realizaron, cuándo fueron canceladas, mediante qué medio de pago y cuál fue el origen de los fondos.