Catorce de las 48 muertes registradas fueron de carácter violento: seis por ahorcamiento, siete en incendios y una por traumatismos. También se contabilizó 332 casos de malos tratos en cárceles federales y otros centros de reclusión.
El informe anual de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), publicado este miércoles, registró 48 muertes en cárceles federales durante el último período de 2025. Del total, 14 correspondieron a muertes violentas: seis por ahorcamiento, siete por incendios y una por traumatismos. El documento, disponible en el sitio web del organismo, también reporta 332 casos de malos tratos.
Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto de la Nación, confirmó a Tiempo Argentino que al menos 2.339 personas se encuentran alojadas «en lugares transitorios que usan para el encierro y que no cumplen con los estándares internacionales mínimos de condiciones de detención».
El Servicio Penitenciario Federal (SPF) reportó 12.152 personas detenidas en cárceles federales al cierre del período: 11.164 varones (91,9%), 954 mujeres (7,8%) y 34 personas trans (0,3%). El 63% contaba con condena firme, mientras que el 37% restante permanecía en prisión preventiva, con el principio de inocencia aún vigente.
La población encarcelada creció un 5,4% en el primer año evaluado y un 3,6% en el segundo. Aunque se informó un aumento de 516 plazas, la PPN advirtió que no dispone de datos actualizados y desagregados por establecimiento, dado que el SPF dejó de publicar esa información en su sitio web. Cejas Meliare señaló además que las comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires producen un hacinamiento exacerbado.
Durante el período, el organismo recibió y atendió 19.539 reclamos de la población carcelaria, en su mayoría vinculados a problemas de salud, hacinamiento, comunicación con defensores, acceso a la justicia y trabajo intramuros. Los equipos de la PPN realizaron monitoreos en cárceles federales, comisarías y Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado de la Ciudad de Buenos Aires, e inspeccionaron dependencias de fuerzas policiales federales donde personas detenidas permanecen en lugares no habilitados para ese fin.
Cejas Meliare indicó que el organismo presentó recomendaciones sobre la expulsión anticipada de personas extranjeras, una mayor presencia de profesionales de la salud, el acceso al trabajo y la regulación de las visitas.