Es la orden que recibió el juez de Paz de Seclantás. Los comuneros beneficiados son Leoncio y René Fabián, Obalio Cruz y Dante Guzmán. Todos habían sido desalojados en el operativo policial del 12 de junio de sus fracciones del catastro 1025.
Tras la firme resistencia protagonizada por los comuneros durante semanas, la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 5ª Nominación, María Fernanda Diez Barrantes, remitió la orden al Juez de Paz de Seclantas para que restituya la mayor parte del territorio desalojado en el paraje Las Pailas del departamento Cachi.
La jueza aclaró expresamente que esos sectores no forman parte de las cuatro hectáreas que otra funcionaria judicial – Florencia Wayar – reclama como propias. Según Diez Barrantes, esas tierras – habitadas por el comunero Agustín Mamani – eran el único objeto de la orden de desalojo dictada en la causa por vencimiento de contrato de arriendo que el comunero mantenía con Wayar. No obstante, el juez de Paz y la Policía con el acompañamiento del fiscal penal de Cachi extendió el desalojo a otras 40 hectáreas afectando a los comuneros a quienes ahora deben restituirle las tierras.
La decisión judicial se conoció luego de que miembros de la Comunidad Diaguita Kallchaki Las Pailas se reunieran con senadores provinciales, quienes se comprometieron a encontrar una solución al conflicto. Los comuneros también se manifestaron frente a la Legislatura. Los abogados de la comunidad también destacaron que la resolución judicial tambien “rectifica un oficio anterior y establece que la restitución deberá realizarse con la intervención del Juez de Paz de Seclantás y el acompañamiento de la Subcomisaría de Cachi, que deberá garantizar las condiciones de seguridad para cumplir la medida».
“La decisión judicial constituye un reconocimiento de que el operativo de desalojo alcanzó sectores que no estaban incluidos en la sentencia, por lo que ordena revertir esa situación mediante la restitución inmediata de las tierras a las personas afectadas», destacaron al final.
“La última decisión de Diez Barrantes, que tuvo que suspender unos días de licencia para hacerse cargo del conflicto generado por las irregularidades de la ejecución de su orden, implica un reconocimiento de estas falencias en la actuación de oficinas del Estado”, destacó la sección local del diario Página 12.