El colectivo de personas con discapacidad, familias y prestadores se moviliza este miércoles en todo el país. La protesta incluye respaldo a pedidos de juicio político y denuncias penales contra el presidente Milei y funcionarios de salud.
Organizaciones de personas con discapacidad, familias, profesionales e instituciones realizan este miércoles un banderazo federal en múltiples ciudades del país para exigir la aplicación plena de la Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27793), cuyo vencimiento está previsto para el 31 de diciembre de 2026.
«Ante la profundización del colapso del sistema de prestaciones, la baja del plan REMEDIAR, el desmantelamiento de la atención primaria en PAMI, la eliminación del pasaje gratuito para personas con discapacidad, la situación en riesgo de las pensiones no contributivas, y la suma de obstáculos por ejemplo en el transporte, es que decidimos como colectivo unido de personas con discapacidad, familias, profesionales e instituciones un banderazo en distintos puntos de la provincia y del país», anunció el colectivo convocante desde Córdoba.
Las concentraciones se distribuyen en distintos puntos del país: en la Ciudad de Buenos Aires, en el Congreso a las 11; en Córdoba, en Plaza San Martín a las 12.30 y las 16.30; en Río Cuarto, en Plaza Roca a las 11; y en La Plata, en la intersección de 7 y 50. En la Ciudad de Buenos Aires, a las 13, los manifestantes marcharán desde el Congreso hasta Comodoro Py para entregar un petitorio firmado y reclamar celeridad en el procesamiento de denuncias penales.
La movilización incluye el respaldo al pedido de juicio político impulsado por los diputados Juan Marino y Pablo Todero contra el presidente Javier Milei y el ministro de Salud Mario Lugones, según publica Tiempo Argentino. También expresa acompañamiento a las denuncias penales presentadas contra Milei, Lugones, el secretario Alejandro Vilches y el ex director de la Agencia ANDIS Diego Spagnuolo por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, abandono de persona y abuso de poder.
La Asamblea de Trabajadores de Inclusión advirtió que, a casi un año de la sanción de la norma, su aplicación sigue pendiente. La ley fue aprobada por el Congreso a mediados de 2024; Milei la vetó el 4 de agosto, pero ambas cámaras insistieron con mayoría de dos tercios y dejaron sin efecto el veto. El presidente la promulgó en septiembre, aunque suspendió su ejecución hasta que el Congreso definiera partidas presupuestarias específicas. En diciembre, la Justicia declaró inconstitucional ese decreto.
Con el vencimiento de la emergencia previsto para fin de año y la posibilidad de una prórroga por doce meses que contempla el artículo 1 de la ley, el colectivo sostiene que el cumplimiento pleno de la norma sigue sin materializarse y anuncia la continuidad de las acciones de protesta.