El fallo de Marra Giménez consolida la vigencia de más de 80 artículos de la llamada Modernización Laboral. La CGT mantiene abiertos recursos judiciales que podrían prolongar la disputa.
La jueza federal en lo contencioso-administrativo Macarena Marra Giménez dictó este viernes un fallo que levanta la medida cautelar que impedía la aplicación de gran parte de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La magistrada consideró que otorgar una nueva cautelar equivaldría a anticipar posición sobre el fondo de la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT).
En su resolución, la jueza sostuvo que «la lesión de los derechos o garantías invocada en la demanda no surge de forma clara e inequívoca atendiendo principalmente a la cantidad de cuestiones y matices que abarca el cuestionamiento, en tanto se refiere a las nuevas disposiciones normativas que regirán los contratos de trabajo individuales, así como también las cuestiones de negociaciones colectivas, asuntos sindicales y regímenes especiales del sector». Agregó que «el planteo requiere un examen profundo sobre los derechos involucrados, que no puede ser merituado a título cautelar sin riesgo de adelantar opinión sobre el contenido del pronunciamiento definitivo».
El fallo es el último episodio de una disputa judicial que el Gobierno libró en dos frentes. El juez laboral Raúl Ojeda había suspendido la reforma el 30 de marzo pasado. Desde entonces, la administración maniobró para trasladar el expediente al fuero contencioso-administrativo, más favorable a sus posiciones, mientras la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo suspendía los efectos de aquella cautelar original, lo que en la práctica dejó la reforma en vigencia.
El cierre de la semana también estuvo marcado por el rechazo de la Corte Suprema al per saltum que había presentado el Ejecutivo para acelerar la resolución del conflicto. Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti descartaron ese recurso, aunque la decisión no tuvo impacto práctico dado que la reforma ya se encontraba operativa. Según informó Página12, el propio Rosatti había señalado días antes, en una conferencia empresarial, que la judicialización de políticas económicas afecta su implementación, un discurso que en el ámbito judicial fue interpretado como un mensaje hacia los jueces de instancias inferiores.
La disputa por la competencia no está resuelta. La CGT recusó a los dos integrantes de la Sala VIII de la Cámara del Trabajo y aguarda una decisión al respecto, mientras Marra Giménez solicitó a Ojeda que le remita la totalidad de los incidentes vinculados al caso para evitar perder el expediente.