La resolución que limita el cobro de tasas en la boleta de luz llega en el peor momento para los municipios y tensiona al oficialismo. Intendentes advierten que la medida beneficia directamente a la oposición libertaria.
En un contexto donde los municipios atraviesan una de las peores crisis de financiamiento de los últimos años, la decisión del Ente Regulador de endurecer las condiciones para el cobro de tasas en la factura de la luz abrió un frente inesperado —y profundamente inoportuno— con las comunas de toda la provincia.
La Resolución Nº 666/2026, presentada bajo el argumento de proteger a los usuarios, impone nuevas exigencias y pone en riesgo un mecanismo clave de recaudación para los gobiernos locales. En la práctica, obliga a los municipios a revisar en apenas tres meses convenios que, más allá de sus falencias administrativas, hoy sostienen parte esencial de su funcionamiento.
El problema no es la necesidad de ordenar ni transparentar. El punto es el momento, la forma y las consecuencias en términos electorales que esta medida puede ocasionar.
Con recursos en caída, mayores demandas sociales y sin herramientas alternativas claras, los municipios dependen en gran medida de estos esquemas de cobranza para garantizar servicios básicos. Quitar o debilitar ese canal sin una transición realista no es una corrección técnica: es un golpe directo a la capacidad de gestión local.
En ese marco, intendentes comenzaron a expresar su malestar y a advertir que la medida avanza en línea con planteos de La Libertad Avanza, que cuestiona las tasas municipales y busca reducir su peso en la estructura de costos de los servicios.