Buscan superar las 100.000 adhesiones para presentar una acción judicial que revierta la modificación aprobada en el Congreso. La convocatoria está abierta a toda la ciudadanía a través de una plataforma en línea.
Horas después de que la Cámara de Diputados sancionara la reforma de la Ley de Glaciares con el apoyo del oficialismo y bloques aliados, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace lanzaron una convocatoria ciudadana para impulsar una demanda judicial colectiva contra la nueva norma. Las adhesiones pueden registrarse en demandacolectivaglaciares.org.
«Vamos por la demanda colectiva más grande de la historia para frenar este retroceso. La defensa del agua ya no está en el Congreso, ahora está en manos de la gente», expresó la AAdeAA. Las organizaciones buscan superar las 105.000 inscripciones que se registraron en las audiencias públicas previas al debate legislativo, instancia en la que solo una fracción de los anotados pudo participar.
Desde Greenpeace precisaron que el objetivo es trasladar la disputa al terreno judicial con respaldo masivo: «Vamos a hacer la parte burocrática y legal para que sea la más grande de la historia. Buscamos incluso superar la participación de las audiencias». La organización señaló que, a diferencia de acciones anteriores, esta vez se apunta a la participación directa de la ciudadanía y no solo de las entidades.
Las tres organizaciones cuestionan la constitucionalidad de la reforma. Sostienen que vulnera el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece que es atribución del Estado nacional fijar los presupuestos mínimos para la protección de los recursos naturales. Con la modificación aprobada, cada provincia podrá definir por su cuenta los criterios de protección de zonas periglaciales, sin un estándar uniforme. «Las provincias cordilleranas van a definir los recursos hídricos de otras provincias, van a generarse conflictos con las provincias que se abastecen del agua del glaciar», advirtieron.
Según informó Tiempo Argentino, las organizaciones también alertan sobre el riesgo de conflictos interjurisdiccionales que podría desencadenar la norma, comparable a la disputa vigente por el río Atuel entre Mendoza y La Pampa. La reforma fue sancionada con 137 votos a favor, con el respaldo del radicalismo, el macrismo y legisladores de provincias con intereses mineros como Tucumán y Catamarca.