El organismo también reclama investigaciones imparciales sobre denuncias de abuso. Un informe cuestiona la situación carcelaria y exige garantías para personas privadas de libertad.
El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas emitió un informe crítico sobre la situación de los derechos humanos en Argentina y demandó al Estado que tome medidas para prevenir y poner fin a las detenciones masivas, el hostigamiento, el trato discriminatorio y los actos de violencia desproporcionados por parte de agentes del orden en las manifestaciones que se producen en la vía pública.
El Comité también exigió al Estado que todas las denuncias sobre violencia institucional contra las protestas sean investigadas sin demora y de forma efectiva, independiente e imparcial, y que los agentes responsables sean sancionados adecuadamente.
El documento fue elaborado en el marco del 83° período de sesiones ordinarias de la ONU sobre el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Comité realizó consultas a funcionarios argentinos en base a informes elevados por las entidades que integran el Comité Nacional contra la prevención de la Tortura. El subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, comparecieron en Ginebra, Suiza, donde sesiona el organismo.
En su exposición de mediados de noviembre, Baños criticó a los organismos de derechos humanos de Argentina y negó la cifra de 30 mil detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar. «Pretenden tener a la República Argentina de rodillas dando explicaciones sobre lo que no tiene que dar explicaciones», expresó al presentar la posición del gobierno del presidente Javier Milei en relación a los derechos humanos.
El informe de la ONU señaló deficiencias en el derecho de las personas privadas de libertad a ser informadas de las razones de la detención y de los cargos que se les imputan, especialmente en arrestos realizados en la vía pública en situaciones de flagrancia o en registros policiales sin orden judicial. Estas prácticas afectarían particularmente a niños y niñas, personas trabajadoras sexuales y personas en situación de calle, principalmente aquellas que padecen enfermedades de salud mental. El Comité expresó preocupación por denuncias de violencia desproporcionada por parte de efectivos policiales y uso excesivo de la fuerza durante arrestos. También mencionó detenciones masivas seguidas de hostigamiento y arrestos sin supervisión judicial en operativos preventivos, recordando intervenciones en barrios populares de Tucumán y acciones de orden y limpieza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires contra personas en situación de calle.
Según consignó Tiempo Argentino, el organismo internacional también observó falta de rigurosidad e independencia en los exámenes médicos de ingreso a centros de detención, que suelen realizarse de manera superficial y en presencia de efectivos policiales. El informe expresó preocupación por la ausencia de un sistema unificado y actualizado de registro de personas privadas de libertad a nivel nacional, y destacó casos de detención prolongada en comisarías y dependencias policiales por más de seis meses o incluso más de un año. El Comité pidió asegurar la grabación de todos los operativos policiales durante manifestaciones y garantizar el acceso a dichas grabaciones a los órganos independientes de investigación.
El documento sostuvo que el Estado debe continuar sus esfuerzos para investigar todas las denuncias de crímenes de lesa humanidad, incluidas aquellas que involucren torturas y desapariciones forzadas cometidas durante la última dictadura cívico-militar, proveer los recursos necesarios para ello, garantizar la preservación y el acceso a archivos estratégicos para las investigaciones judiciales e históricas, y seguir garantizando la reparación integral de las víctimas y sus familiares.
