El esquema habría otorgado irregularmente al menos 10.000 beneficios. Se secuestraron $8 millones en efectivo durante 17 allanamientos en septiembre.
El fiscal general Carlos Amad avanzó en una investigación por el otorgamiento fraudulento de pensiones por discapacidad en localidades del departamento de Anta, con 22 personas próximas a ser imputadas por asociación ilícita, falsedad ideológica de instrumentos públicos y defraudación millonaria al Estado nacional. El esquema involucra a médicos, bioquímicos, funcionarios municipales, agentes públicos y referentes políticos que habrían falsificado certificaciones para tramitar beneficios irregulares.
La pesquisa se inició en mayo de 2024 tras detectarse maniobras similares a las investigadas desde 2023 en la localidad chaqueña de Taco Pozo. El 24 de septiembre se ejecutaron 17 allanamientos en El Quebrachal, Joaquín V. González, Talavera y la capital salteña, donde se secuestraron $8 millones en efectivo, computadoras, teléfonos celulares, cámaras de seguridad y documentación. Las pruebas se obtuvieron mediante testimonios, cruces de información de la Agencia Nacional de Discapacidad y la Anses, y tareas de inteligencia de fuerzas federales.
Según la investigación, al menos 10.000 pensiones habrían sido adulteradas, aunque otras 22.000 están bajo análisis. El fiscal detectó un médico que operaba en Joaquín V. González cuyo nombre también aparece en la causa de Taco Pozo, donde desde octubre de 2024 hay un pedido de procesamiento de 14 imputados, incluido el intendente Carlos Ibáñez.
La jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, declaró ayer el caso como «complejo» ante un requerimiento de Amad. En la audiencia rechazó planteos de la defensa de dos investigados que solicitaban acceso al legajo, fundamentando que el artículo 230 del Código Procesal Penal Federal establece que la defensa puede acceder al contenido solo tras formalizarse la investigación, según informó El Tribuno.
El fiscal afirmó que «las 22 personas investigadas fueron notificadas de las actuaciones que se llevan adelante» y destacó que se está realizando un análisis pericial sobre los dispositivos electrónicos y la evidencia documental incautada. La decisión judicial se basó en jurisprudencia establecida por ambas salas de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.
