Especialistas señalan que las múltiples regulaciones contradictorias han creado un sistema de requisitos imposibles de cumplir para cientos de criaderos y operadores formales. Los plazos de renovación anual vencen en agosto sin una resolución definitiva que permita continuar con la actividad.
La industria del cannabis medicinal argentino atraviesa una crisis normativa que amenaza la supervivencia de cientos de criaderos y operadores formales. Desde principios de 2024, múltiples regulaciones contradictorias han creado un sistema de requisitos imposibles de cumplir, según advirtió Eduardo Musacchio, ingeniero agrónomo y docente de la Cátedra de Genética de FAUBA.
El primer obstáculo surgió cuando el INASE comenzó a exigir que cada nueva variedad presentada al Registro Nacional de Cultivares cuente con un informe técnico avalado por el Programa Nacional de Cannabis Medicinal del Ministerio de Salud. Sin embargo, el Ministerio no responde las solicitudes, por lo que ningún trámite de inscripción prospera.
La situación se complicó en marzo de 2024 con la Resolución 81/2024 del INASE, que suspendió la incorporación de nuevos operadores de cannabis psicoactivo en todas las categorías del Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas. Esta medida bloqueó el ingreso de operadores cuando la demanda de materiales genéticos certificados crece junto al circuito medicinal regulado por Reprocann.
El tercer obstáculo se activó en marzo de 2025, cuando el INASE comenzó a exigir una licencia de ARICCAME para renovar la anualidad que habilita a los criaderos a multiplicar y comercializar semillas. El problema radica en que la Resolución 1/2024 de ARICCAME solo regula licencias para cáñamo no psicoactivo, dejando fuera al cannabis medicinal que domina la producción local.
Los criaderos enfrentan así una condición imposible: deben presentar un permiso que la propia agencia no contempla. Como consecuencia, los plazos de renovación anual fueron prorrogados por dos meses en dos ocasiones, pero los operadores perderían cobertura legal a partir de agosto si no se alcanza una resolución.
La incertidumbre se profundizó cuando el Poder Ejecutivo Nacional intervino ARICCAME por un año mediante el Decreto 833/2024, reconociendo la falta de personal y la «inadecuada operatividad» que impide emitir los permisos requeridos. Mientras avanza la reestructuración, la agencia solo tramita el esquema simplificado para cáñamo, manteniendo al resto del sector en estado de incertidumbre.
Las consecuencias ya afectan toda la cadena productiva. Sin usuario activo en el sistema del INASE, los criaderos están al borde de perder cobertura legal para sostener sus lotes de mejora y realizar ensayos de campo. Muchos proyectos de fitomejoramiento han paralizado inversiones o migran al mercado informal, erosionando la trazabilidad genética y la calidad sanitaria, según informó Tiempo Argentino.
Musacchio advirtió que se ha configurado un círculo vicioso donde se requiere un aval sanitario que no se emite, se prohíbe sumar operadores que podrían profesionalizar la oferta genética y se exige una licencia que solo habilita cáñamo industrial. Sin una coordinación urgente entre los organismos, Argentina corre el riesgo de perder un segmento clave para la innovación agrobiotecnológica y las exportaciones de alto valor.
