La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio solicitó el procesamiento de los acusados por explotar juegos de azar sin autorización en Salta. La organización operaba mediante una estructura jerárquica que captaba apostadores a través de redes sociales y plataformas falsas.
La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 7 la elevación a juicio de 13 personas acusadas de integrar una red de apuestas ilegales en la provincia de Salta. Los imputados son señalados como coautores de explotación y organización de juegos de azar sin las licencias correspondientes.
Según informó el medio Fiscales Penales, la investigación desarrollada por la UDEC junto al Ente Regulador del Juego de Azar de Salta (ENREJA) permitió identificar una compleja organización dedicada a la captación de apuestas para un sitio web no autorizado, conectado con la plataforma bet365. La red operaba dirigiéndose específicamente a residentes salteños, violando la normativa provincial sobre juegos de azar.
La organización funcionaba mediante una estructura piramidal que incluía diferentes roles específicos. Los «respaldos» se encargaban de administrar fondos y pagar premios, mientras que los «administradores» reclutaban operadores directos. En la base de la pirámide, los «cajeros» captaban apostadores y gestionaban cargas de dinero a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.
Los investigadores determinaron que los cajeros recibían acceso a plataformas que simulaban ser sitios oficiales de apuestas, pero que en realidad operaban mediante dominios falsificados para evadir controles. Las personas vinculadas a la empresa AXON S.A.S., con sede en Buenos Aires y que declara actividades ajenas a los juegos de azar, habrían sido las principales responsables de la gestión de fondos y distribución de créditos virtuales.
Para desentrañar la operatoria, los investigadores emplearon la figura del «Agente Encubierto Digital», simulando interés en casinos online para obtener información concreta sobre el funcionamiento de la red denominada «Las Únicas». Roberto San Martín y su hijo Tomás Nahuel San Martín habrían ejercido como administradores generales, coordinando actividades y supervisando transferencias de fondos, junto a otros 11 imputados que cumplían diversos roles operativos y administrativos dentro de la organización ilegal.