Kinesiólogo asesinado en Salta | Principal acusado seguirá detenido hasta resolución judicial

El imputado por homicidio simple permanece en prisión preventiva mientras avanza la investigación por el deceso de David Corimayo. Los otros tres involucrados recuperaron la libertad con medidas de control periódico.

El principal acusado por la muerte del kinesiólogo David Corimayo permanecerá detenido hasta que se resuelva su situación judicial frente a un Tribunal. El hombre está imputado por el delito de homicidio simple en perjuicio de la víctima de 42 años, quien perdió la vida a principios de mayo. Los otros tres implicados en la causa fueron beneficiados con la libertad pero deberán cumplir una serie de requerimientos.

El hecho ocurrió el 2 de mayo cerca de las 21 horas en la localidad de Cachi. La víctima circulaba en un automóvil blanco por la calle Monseñor Tavella del Barrio Municipal, cuando fue interceptada por un vehículo negro. De este último descendieron cuatro hombres de 25, 25, 26 y 34 años, quienes comenzaron a increpar verbalmente a Corimayo, quien permaneció dentro de su vehículo.

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Tras el primer altercado, los agresores se retiraron del lugar, pero se inició una persecución vehicular que culminó en las inmediaciones de la plazoleta «Ara San Juan». Allí, el automóvil de la víctima fue interceptado nuevamente y los imputados descendieron. Uno de ellos agredió físicamente al kinesiólogo, quien como resultado de la agresión cayó contra un muro de piedra. Al ver que estaba herido en el suelo, los agresores se retiraron del lugar.

Los vecinos asistieron a la víctima, quien logró reincorporarse y conducir de manera errática por pocos metros hasta detener su marcha. Posteriormente, fue trasladado al hospital local y luego derivado al San Bernardo. Corimayo falleció tres días después y la autopsia determinó que el deceso se produjo por un traumatismo encéfalo craneano grave. Los imputados que recuperaron la libertad deben someterse a control periódico de conducta durante la investigación, a cargo de la Fiscalía UGAP 2, con advertencia de que el incumplimiento puede derivar en prisión preventiva.

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