La medida fue ordenada por el Poder Judicial y acatada por la cartera de Luis Petri. Los efectivos habían sido condenados con sentencias firmes por violaciones a los derechos humanos.
El Ministerio de Defensa comunicó la baja de 23 militares retirados tras recibir una orden judicial vinculada a sentencias firmes por crímenes de lesa humanidad. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y replicada en redes sociales, generando repercusión pública. Fuentes del ministerio aclararon que la cartera, comandada por Luis Petri, no tomó la decisión de manera unilateral, sino que se limitó a cumplir con la disposición judicial.
Según declaraciones oficiales, la medida fue impulsada por el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, quien solicitó formalmente las bajas de los efectivos. El pedido fue dirigido tanto al ministro Petri como a los jefes de la Armada Argentina, Carlos María Allievi, y de la Fuerza Aérea, Fernando Luis Mengo. En su solicitud, Rodríguez destacó que los militares habían sido condenados con sentencias firmes por delitos de lesa humanidad, lo que justificaba la medida.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas también intervino en el caso, solicitando el inicio de actuaciones sumariales para esclarecer posibles irregularidades en la información proporcionada. Además, confirmó que las condenas contra los militares se encuentran firmes, tras haberse agotado todas las instancias recursivas. Estos hechos están relacionados con graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado.
El Ministerio de Defensa reiteró que la baja de los 23 militares no fue una decisión propia, sino el resultado de acatar una orden judicial obligatoria. La cartera subrayó que actuó en cumplimiento de lo dispuesto por el Poder Judicial, notificado a través del Ministerio Público Fiscal.