«Conocen mi situación y no hacen nada», comentó Raquel, una vecina del barrio Libertad que padece un periplo burocrático en la justicia, del cual están al tanto incluso funcionarios y legisladores provinciales que se comprometieron a ayudarla pero aún eso no ha sucedido.
La situación es la siguiente: Raquel compró un terreno en la zona sureste de la ciudad de Salta en 2011; y desde el año 2014 un grupo de personas se asentó en el fondo de su casa, dispuso una construcción y desde entonces ha estado en conflicto con ella. Violencia física y verbal, amenazas y todo tipo de intimidaciones, eso es lo que hasta ahora ha padecido.
«Hice denuncias por usurpación. Iniciaron un expediente. Dejé un petitorio al gobernador, que aún no tiene respuesta. Tengo una impotencia», comentó días atrás en una entrevista con CUARTO. Además detalló que funcionarios y legisladores están al tanto de su caso. Por ejemplo Marina Reyes, secretaria de Derechos Humanos de la provincia. «David Leiva también conoce. Vinieron a mi casa en campaña», aclaró. Sin embargo, nadie a sabido darle respuestas hasta ahora.
«La Justicia no actúa. Toda esta zona para la Fiscalía es una zona de violencia entonces nos meten a todos en la misma bolsa. En lo penal hubo tres órdenes de desalojo, pero cuando llegó a juicio, el fiscal nunca me defendió. Dio vuelta la resolución. Dieron el beneficio de la duda y archivaron la causa», relató luego.
La situación judicial es digna de un relato kafkiano. Según explicó la propia Raquel, su expediente pasó por el fuero Civil: «me hicieron un juicio. En el juzgado no les dieron la razón porque no tenían nada. Apelaron y también se la negaron», acotó respecto a los usurpadores.
«Entonces esa resolución es la que en Tierra y Hábitat no me hacen valer. El señor (secretario de Tierra y Hábitat de la provincia, Esteban) Carral se me ríe en la cara. Dice que en el último censo se marca que hay doble usurpación. Que me pueden dar un condominio. El terreno es mío, ¿por qué tengo que dividirlo?», se lamentó después.
