La Cámara de Senadores dio media sanción a un proyecto de ley que establece un marco de protección fitosanitaria de la banana de origen provincial. El objetivo es subsanar la situación de riesgo en la que dejó la gestión Milei a la producción bananera.
Puede presentarse como un proyecto que evidencia cómo las autoridades provinciales se ocupan de lo que otros abandonan, pero también interpretarse como una iniciativa que es hija de una resignación: meter las manos a los bolsillos para pagar lo que nación de manera arrogante dice que no pagara. A ese primer elemento debe sumársele otro: nadie en Salta sabe muy bien si la provincia tiene los billetes en el bolsillo para pagar la cuenta impaga de Milei.
Lo cierto, no obstante, es que la Cámara de Senadores dio media sanción a un proyecto de ley que establece un marco de protección fitosanitaria de la banana de origen provincial. El objetivo es subsanar la situación de riesgo en la que dejó la gestión Milei a la producción bananera, del NOA en general y Salta en particular, con la desregulación de la importación del fruto. Tal desregulación se ejecutó mediante una resolución de la Secretaria de Agricultura de la nación que se publicó en el Boletín Oficial nacional el pasado 20 de julio. La misma deroga ocho resoluciones fitosanitarias dictadas entre 1992 y 2013, de las cuales la Resolución 99/1994, la Resolución 823/2006 y la Resolución 262/2013, conformaban el esquema sanitario para el ingreso de bananas importadas.
El proyecto aprobado ayer por los senadores busca llenar el vacío dejado por nación en una provincia como Salta que es la principal productora de banana del país. En Orán se producen 72 mil de las 100 mil toneladas anuales producidas en la región bananera que incluye a las provincias de Jujuy, Formosa y Misiones.
En ese marco, el proyecto aprobado establece en su artículo primero que el objetivo de la iniciativa es restablecer los controles para el ingreso de banana importada al territorio salteño, “resguardando el estatus sanitario frente al riesgo de introducción y dispersión de plagas cuarentenarias ausentes en el territorio de la Provincia de Salta”. No obstante, el senador que hizo la presentación del proyecto (Esteban D´Andrea de Chicoana) debio admitir que la facultad de control que se otorga al Estado provincial sobre la importación es una atribución de la administración nacional.
“Esto no significa usurpar funciones federales ni regular el comercio exterior, sino ejercer un control de legalidad y sanidad para verificar que ningún cargamento ingrese a nuestra provincia (…) eludiendo los estándares de bioseguridad que proponga nuestra producción. No se pretende transformarlo en una barrera comercial. Se pretende proteger la sanidad, sin interferir en facultades que son de Nación”, manifestó el legislador que actuó como miembro informante en el tratamiento del proyecto aprobado por unanimidad.
A los malabarismos verbales para aclarar que la provincia no pretende usurpar atribuciones que corresponden efectivamente al gobierno central, no le siguió ninguna aclaración de dónde surgirán los fondos para efectivizar todos los controles que eran obligación de nación y que ahora los senadores pretenden que costee la provincia: controlar que los importadores presenten un Certificado Fitosanitario de Origen que acredite la ausencia de plagas como la Sigatoka negra, el Moko del banano, el Mal de Panamá, el Trips del banano o el Escarabajo del banano.
Otros requisitos obligatorios que las autoridades salteñas deberán controlar a los importadores son los siguientes: Autorización Fitosanitaria de Importación (AFIDI), Declaración Jurada de Procedencia y Destino, Documento de Tránsito Sanitario Vegetal Electrónico. Todo ello incluye controlar que las unidades de transporte de carga estén “completamente limpias y libres de restos vegetales, hojas, flores, raíces, tierra, barro, agua libre y frutas machacadas”, como así también “Acreditar mediante inspección que la banana se encuentra en estado verde estricto al momento del control fitosanitario de ingreso”.
La iniciativa deberá ser tratada ahora por la Cámara de Diputados para darle la media sanción restante.