La Justicia intervino tras detectarse la desaparición de once troqueles de seguridad de la Dirección General de Investigaciones. La fiscal de la UDEC allanó dos domicilios y secuestró teléfonos celulares y documentación vinculada a la maniobra.
La Justicia de Salta investiga a dos efectivos de la Policía provincial por su presunta participación en un circuito de emisión y comercialización de certificados de antecedentes penales apócrifos, con documentación oficial sustraída y cobros al margen de los mecanismos habilitados.
La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, ordenó allanamientos en domicilios de los barrios Juan Manuel de Rosas y San Isidro, donde se secuestraron teléfonos y documentación considerada clave para la causa.
El caso se inició con una denuncia de la jefa del Departamento Judiciales de la Dirección General de Investigaciones (DGI), quien alertó sobre la desaparición de once troqueles de seguridad numerados de manera correlativa, elementos indispensables para validar este tipo de documentación, según publicó Nuevo Diario.
Las primeras pesquisas señalaron a un agente de la Oficina de Dactiloscopía —dependencia sin competencia para emitir certificados ni gestionar cobros— desde cuya carpeta digital se habrían confeccionado documentos ajenos a sus funciones. Dos docentes cuyos datos figuraban en los certificados observados confirmaron haber pagado 32 mil pesos mediante transferencia bancaria a un hombre de civil que se presentó en su institución educativa con formularios y equipos para la toma de huellas dactilares.
Los investigadores identificaron a ese intermediario como efectivo policial y establecieron que el alias bancario receptor de los pagos pertenecía al segundo sospechoso. El 5 de mayo esa cuenta recibió transferencias por un total de 64 mil pesos provenientes de dos personas, en coincidencia con la fecha de emisión de los documentos cuestionados; se detectaron además transferencias cruzadas entre ambas cuentas durante los últimos meses.
Las pericias informáticas determinaron que uno de los investigados habría accedido de manera irregular a dependencias policiales para modificar archivos y cargar datos en formularios oficiales, utilizando los troqueles desaparecidos y sellos institucionales para otorgarles apariencia de autenticidad. La investigación continúa para determinar el alcance de la maniobra y la existencia de otros involucrados.