Se trata de un proyecto de ley impulsado por el Ministerio Público Fiscal. Supone una reforma de la Ley Orgánica de Justicia Penal con el objeto de garantizar el juzgamiento de femicidas con perspectiva de género.
Entre los fundamentos del proyecto se destaca la normativa internacional y nacional vigente. La iniciativa legislativa de la Procuración General supone modificar el Art. 9 de la Ley Provincial N° 7716, que establece la composición y atribuciones de las Salas de los Tribunales de Juicio, y que define que deben estar integradas por tres jueces cada una.
“Por ello, el Ministerio Público Fiscal de Salta, propone que la nueva integración de las Salas de los Tribunales de Juicio de la provincia, deberán conformarse inexorablemente con al menos una jueza, con el objetivo de lograr una composición equilibrada en los operadores judiciales y garantizando la perspectiva de género. Esa reforma contribuirá a la transversalización del enfoque de género que implica incorporar la experiencia, el conocimiento y los intereses de las mujeres y de los hombres lo que confluirá en la prestación de un mejor servicio de justicia”, destaca un largo artículo publicado en el sitio de los Fiscales Penales de Salta.
Allí se recuerda que el Ministerio Público Fiscal adhirió en 2019 al “Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios)”, confeccionado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) de la Procuración General de la Nación. También se resaltó que el término femicidio fue desarrollado como un concepto teórico político para conceptualizar y visibilizar un fenómeno con manifestaciones y características particulares: las muertes violentas de mujeres por razones de género.
En este contexto, se recordó el reciente pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que rechazó un planteo para evitar un nuevo juicio a los acusados de matar a Lucía Pérez, la joven de 16 años asesinada en 2016 en Mar del Plata. Por ello, se realizará un nuevo proceso que incluya perspectiva de género al momento de juzgar.
“El juzgar con perspectiva de género propende a garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y una tutela judicial efectiva, evitando la reproducción de estereotipos que dan por supuesto el modo en que deben comportarse las personas en función de su sexo o género, sin perder de vista que el principio de amplia libertad probatoria que debe regir en estos procedimientos, no implica una flexibilización de los estándares probatorios sino que…está destinado, en primer lugar, a desalentar el sesgo discriminatorio que tradicionalmente ha regido la valoración probatoria a través de visiones estereotipadas o prejuiciosas sobre la víctima o la persona acusada”, y agrega que “el empleo de estereotipos de género en el razonamiento de los jueces constituye uno de los obstáculos que impiden a las mujeres el ejercicio de su derecho de acceder a la justicia en condiciones de igualdad, y conduce a descalificar su credibilidad y a asignarles una responsabilidad tácita por los hechos denunciados”.
En términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “…el estereotipo de género se refiere a una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente, y que es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y persistentes”.
Por ello, su creación y uso se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer, condiciones que se agravan cuando se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades estatales”.
